El Gobierno del presidente Kast provocó una intensa controversia política tras ingresar al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el cual deja sin financiamiento explícito al histórico programa de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), «Yo elijo mi PC» (hoy integrado en las Becas TIC).

La medida, justificada por el Ejecutivo bajo criterios de optimización del gasto fiscal y revisiones técnicas de efectividad, pone en jaque una política pública que solo en 2026 benefició a más de 96 mil estudiantes de séptimo básico vulnerables con un presupuesto aproximado de 35 mil millones de pesos.

El anuncio formal de la interrupción del beneficio fue ratificado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien argumentó que tras diversas evaluaciones se detectaron múltiples deficiencias y problemas de implementación en el programa.

Al ser consultado -en radio Infinita- sobre las razones específicas del drástico recorte sectorial, el secretario de Estado admitió públicamente: «Históricamente se evalúan (los programas); muchos se encuentran con hallazgos, se encuentran que tienen problemas, que no llegan a toda la población, que a lo mejor llegan a la población muy pequeña». Respecto al caso particular de los notebooks escolares, Quiroz dijo: «No recuerdo este en particular, pero de seguro tenía hallazgos».

Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, respaldó técnicamente la decisión y enfatizó el giro estratégico de la cartera hacia la efectividad pedagógica en las aulas. En entrevista con La Tercera, la secretaria de Estado argumentó que «no es primera vez que se está buscando avanzar así y esto responde principalmente a las evaluaciones, que muestran que es un programa que no ha tenido un impacto ni en aprendizaje ni en otras habilidades de estudiantes».

Desde el Ministerio del Interior, el subsecretario Máximo Pavez profundizó en esta línea argumental, señalando que la administración busca reubicar el dinero público: «Aquellos programas que no han demostrado ser efectivos (…) deben ser revisados, para eso es una ley de Presupuesto que se estudia, donde se han tenido a la vista las evidencias, los problemas de implementación, y donde esos recursos se van a reutilizar de una forma más adecuada».

Aunque el presidente José Antonio Kast no ha emitido un discurso directo en las últimas horas, la interna del palacio de La Moneda ha hecho eco del mandato presidencial de austeridad que impuso para la confección del erario.

En las minutas transmitidas a los parlamentarios del oficialismo, el Ejecutivo ha defendido la postura adoptada por el Mandatario sosteniendo que «durante 17 años el Estado entregó computadores a todos los estudiantes de séptimo básico, tuvieran o no uno en su casa, sin que las evaluaciones mostraran mejoras en lo más importante: que los niños aprendan». El diseño responde directamente a su compromiso programático de rebajar el gasto público general, implementando lo que las autoridades describen internamente como un radical «cambio de paradigma» presupuestario.

Pese a la firmeza inicial de las carteras de Hacienda y Educación, el fin de este beneficio educacional despertó una fuerte ola de rechazo transversal en el Congreso. Ante la magnitud de los cuestionamientos, el Gobierno comenzó a cambiar su discurso y da señales de apertura para el debate legislativo; el subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, aclaró que el proyecto ingresado no constituye una postura inflexible y abrió la puerta a una eventual reposición del beneficio: «Esto no son las tablas de la ley, sino que es una Ley de Presupuestos, que es la más importante del año, pero nosotros ya hemos mostrado que estamos abiertos a dialogar con todos».