El Ministerio Público formalizó cargos contra seis personas por tres hechos ocurridos al interior del Liceo Bicentenario Inmaculada Concepción, correspondientes a la omisión de denuncia, violación de secreto y amenazas, según informó la Fiscalía.

Las formalizaciones se realizaron el pasado 30 de septiembre. En la misma jornada, la directora subrogante del establecimiento fue formalizada por el delito de omisión de denuncia, mientras que una psicóloga del liceo quedó formalizada por violación de secreto, en relación con la divulgación de información correspondiente al diagnóstico médico de una estudiante.

A estos hechos se suma la formalización de cuatro adolescentes, todas alumnas de tercero medio A del establecimiento, por el delito de amenazas en contra de otra estudiante.

La fiscal subrogante Carolina Cisternas Guzmán explicó que, en el caso de quienes cumplen funciones al interior de establecimientos educacionales, existen obligaciones legales específicas respecto de la denuncia de hechos que puedan revestir caracteres de delito.

“Como Ministerio Público queremos relevar la importancia de que quienes se desempeñan en establecimientos educacionales conozcan y cumplan las obligaciones que establece la ley en materia de denuncia. Se debe tener presente que frente a hechos que pueden revestir caracteres de delito, corresponde ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes sin que sea el establecimiento educacional el que determine por sí solo si estos constituyen o no delito”.

La persecutora agregó que la determinación sobre el carácter delictivo de los hechos corresponde al Ministerio Público, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales.

“Es el Ministerio Público en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales quien debe investigar los hechos denunciados y determinar, sobre la base de los antecedentes reunidos, si estos revisten o no el carácter de delito y las responsabilidades que eventualmente correspondan”.

Finalmente, el Ministerio Público hizo un llamado a la comunidad educativa a cumplir oportunamente con las obligaciones legales de denuncia, particularmente ante situaciones que puedan afectar gravemente los derechos y la integridad de niños, niñas y adolescentes.

La Fiscalía recordó en este contexto las disposiciones contenidas en el artículo 175 del Código Procesal Penal, relacionadas con el deber de denuncia.