Es deber del Estado proteger a la víctima de Violencia Intrafamiliar

#OPINIÓN: “Es necesario señalar que la obligación del Estado con la protección a las víctimas de violencia no se agota en la esfera de la seguridad individual, sino que también debe hacerse extensiva al bienestar emocional y psicológico de la denunciante”.

Por: CONSUELO VELOSO ÁVILA

Al igual que muchas, estos días me he sentido profundamente triste e impotente por los acontecimientos de los cuales todas y todos hemos sido testigos en nuestra zona, y creo que es muy necesario poner sobre la mesa -una vez más- las deudas pendientes que las instituciones, los representantes y el Estado mantienen en materia de género para realmente prevenir, proteger y sancionar la violencia machista.

A finales de agosto de 2021, el Congreso nacional despachó el proyecto que fija el uso de tobilleras electrónicas para el cumplimiento de las medidas de protección decretadas en favor de la víctima de violencia intrafamiliar. Dicho hito es especialmente importante en nuestra legislación, atendido a que una de las grandes debilidades que afronta el Estado al momento de prevenir la violencia contra la mujer, se vincula con el cumplimiento -o incumplimiento- de las obligaciones emanadas tanto del derecho internacional (Convención Belém do Pará) como nacional (Art. 2 de la Ley 20.066) en torno a asegurar el debido resguardo y protección de la víctima de violencia intrafamiliar (VIF).

En este sentido, las estadísticas de la “Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios” elaborada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, señalaban que del análisis de las 7.659 denuncias por Violencia Intrafamiliar (VIF) recibidas durante el año 2020 en nuestra Región del Maule, se estableció que las principales consecuencia psicológicas con la que deben lidiar las víctimas son la “angustia o miedo” (37%) y la “tristeza, aflicción o depresión” (37.1%). A su vez, dentro del eje de violencia física, al menos el 14,6% de las encuestadas maulinas no denunció la agresión por el temor a que, luego de la denuncia, ocurriera un nuevo episodio de violencia.

A mi parecer, los citados datos no son más que el reflejo de la inseguridad que deben afrontar las mujeres en el tiempo posterior a la denuncia y que encuentran su razón de ser en la poca confianza que las víctimas tienen respecto a los mecanismos de protección con que actualmente cuenta la legislación en Chile ya que en los hechos estos no han otorgado protección efectiva a las denunciantes y entonces la sensación de desprotección se multiplica y se vuelve un factor adicional de intranquilidad para las víctimas.

Ante este escenario, la existencia de un informe de incumplimiento objetivo y monitoreado por GPS, vuelve más expedita la obtención de sanciones para los casos de quebrantamiento -desacato- y además, da un argumento certero y objetivo para que el tribunal con competencia en lo penal, pueda decretar de manera justificada la prisión preventiva de aquel agresor contumaz que, luego de presentada la denuncia en su contra, vuelve al domicilio a acosar, hostigar o amedrentar a su ex-pareja.

Sin embargo, es necesario señalar que la obligación del Estado con la protección a las víctimas de violencia no se agota en la esfera de la seguridad individual, sino que también debe hacerse extensiva al bienestar emocional y psicológico de la denunciante. En este sentido es preciso traer a colación el programa de gobierno de Gabriel Boric que contempla la creación de un Sistema Nacional de Cuidados (SNC), propuesta que busca crear una nueva institucionalidad que -si bien en la versión publicada durante las primarias de Apruebo Dignidad no contempla la violencia intrafamiliar- creemos necesariamente debe extenderse al cuidado del bienestar psicológico y emocional de las víctimas de cualquier forma de violencia.

De esta forma, la protección integral de la víctima se articularía en una doble faz, por un lado la protección judicial efectiva a través de mejoras a los mecanismos que ya contempla la ley y, por otro, a través de una nueva institucionalidad, centrada en reparar el daño psicoemocional de las víctimas.

Es función de nosotras, como representantes del Maule Sur, asegurar que la cobertura de dichos servicios -y la cobertura de los ya existentes- no quede reducida a la capital regional sino que llegue también a las zonas rurales más remotas de nuestras provincias de Linares y Cauquenes.

Columna de: Consuelo Veloso Ávila, candidata a diputada por el Maule Sur

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