Se estima que en total las Instituciones de Salud Previsional deberán pagar cerca de un billón de pesos por cobros excesivos en sus planes, ya que la tabla de factores que fija los precios de estos no fue aplicada a ciertos contratos.
Fue despachada al congreso hace una semana y las controversias en torno a la Ley Corta de Isapres suman y siguen. Esto, debido a que las Instituciones de Salud Previsional aseguran que, de ser aprobada, el sistema privado de salud cerraría en pocos meses.
Si bien este proyecto presentado por el Gobierno busca modernizar Fonasa y fortalecer la Superintendencia de Salud, también tiene como objetivo regular a las entidades privadas de salud y, por lo tanto, cumplir con la sentencia de la Corte Suprema que las obliga a realizar devoluciones de dinero por cobros excesivos.
Según la estimación preliminar de la Superintendencia de Salud, el monto que estas Instituciones deberán devolver -a cerca de 700 mil cotizantes- asciende a un billón de pesos y considera a los contratos previos a abril de 2020 que no se les aplicó la tabla de factores.
¿Cómo se realizará el procedimiento? Una vez aprobada y publicada la ley, las Isapres tendrán un plazo de seis meses para preparar un plan de devoluciones, el que será revisado por la Superintendencia de Salud y un consejo asesor independiente, quienes podrán solicitar ajustes si así corresponde.
Además, se pondrá fin a los cobros indebidos, habrá una reducción de las cotizaciones y se suspenderá el cobro de estas últimas para contratos que incluyen a menores de 2 años, manteniendo solo el pago de la prima GES.
El Gobierno afirma que lo que se busca es estabilidad financiera, dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema y entregar tranquilidad a los afiliados. Sin embargo, la Asociación de Isapres de Chile señala que «el proyecto que ha ingresado al Congreso es un engaño: no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal», asegurando, además, que Fonasa no daría abasto para atender a todos los afiliados.
Es importe señalar que el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo está siendo evaluado por las comisiones de Constitución y Salud de la Cámara Alta, ya que el objetivo de ambas es encontrar la mejor forma de dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema.
Por: Gabriela García
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