Este domingo a través de diversos medios de investigación periodística internacional, entre los que se cuenta Ciper Chile, dieron a conocer documentos que revelan una operación en 2010 que involucran al presidente chileno por un valor de más de 152 millones de dólares.
El presidente Sebastián Piñera está nuevamente en el ojo del huracán, luego de una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), entre los que se cuenta a LaBot y Ciper, que se encargaron del capítulo referente a Chile y que develaron que entre los negocios offshore, del mandatario chileno está la compraventa en Islas Vírgenes Británicas (BVI) del proyecto minero Dominga, una operación que involucró al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus mejores amigos.
La investigación hace hincapié en que Piñera y su familia fueron -originalmente- los mayores accionistas del proyecto Dominga, con una participación del 33%, a lo que se suma el porcentaje de Délano, que sumados llegaban el 56% del negocio, según los documentos citados por la investigación; reparto de acciones que se mantuvo hasta diciembre de 2010, cuando Délano compró -por 152 millones de dólares- el porcentaje de todos los socios, incluido el de Piñera.
La operación se habría sellado con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por US$ 138 millones. Según se indica en la investigación el monto debía cancelarse en tres cuotas: La primera el 10 de diciembre, donde se pagarían 106,8 millones de dólares; la segunda el 18 de enero, en donde se habrían cancelado otros 21 millones de dólares, mientras que el saldo (tercera cuota) quedaría pendiente hasta el 31 de diciembre de 2011. Sin embargo, el último pago tenía una condición: Se haría efectivo solamente si el Estado no declaraba reserva natural la zona donde se pensaba desarrollar Dominga, como en ese entonces reclamaban los ambientalistas.
Es así como se mira con recelo la suerte del proyecto Dominga que quedó en manos del primer gobierno de Piñera, el que -casualidad o no- no promovió la protección ambiental de la zona. Dicha acción o inacción habría posibilitado el pago de la tercera cuota. Es así como la participación en la operación del mandatario chileno estuvo precedida de una serie de decisiones políticas que generaron polémica.
Tras asumir su primer periodo presidencial en marzo de 2010, Sebastián Piñera anunció la cancelación de la construcción de la termoeléctrica Barrancones, de la internacional Suez, pese a que la franco-belga contaba con los permisos para operar. En ese momento el mandatario indicó: “He acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones, de forma tal de alejarla del sector de Punta Choros, Isla Damas e Isla Gaviota y proteger ese santuario de la naturaleza”. Dicgas declaraciones fueron tras una protesta de ambientalistas de la zona. La termoeléctrica Barrancones debía funcionar en la comuna de La Higuera, mismo sitio que la minera Dominga.
Hasta ese entonces no se sabía que Piñera estaba detrás del desarrollo de Dominga. Cuando se descubrió, se abrió una comisión investigadora en la cámara de Diputadas y Diputados que concluyó que era posible -al menos- presumir que Piñera “buscó beneficiar a minera Dominga en agosto de 2010, cuando de manera arbitraria y saltándose la institucionalidad ambiental canceló la construcción de la central termoeléctrica Barrancones en la comuna de La Higuera”. Ese asunto también fue objeto de una querella promovida por el exdiputado -hoy Convencional Constituyente-, Hugo Gutiérrez (PC), proceso en el que el mandatario fue sobreseído.
En la declaración judicial, Piñera dijo que estaba fuera de la gestión de sus empresas desde 2009, además aseguró desconocer la inversión que se había realizado en el proyecto Dominga hasta después de terminar su primer mandato, en 2014. Según lo que indican CIPER y LaBot en la investigación, Piñera derivó el cuestionario a Nicolás Noguera, gerente general de las empresas de la familia . El ejecutivo, habría reiterado los argumentos dados durante la investigación judicial, indicando que Piñera no maneja sus negocios desde hace 12 años, no fue informado sobre el proceso de venta de Dominga y está sobreseído por este asunto en los tribunales. Según se indica en la investigación, no se habría respondido a la pregunta sobre el supuesto conflicto de interés que condicionaba el tercer pago de la venta de la minera a una decisión -en ese entonces- del Gobierno de Piñera.
Délano, por su parte, envió un detallado documento redactado por sus asesores, explicando allí que fueron los gestores del fondo que originalmente era dueño de Dominga (el Fondo de Inversión Privado Latin Minerals) quienes estructuraron su propiedad en Islas Vírgenes Británicas porque originalmente la idea era venderla a compradores extranjeros. “Las sociedades de la familia Délano que adquirieron el proyecto Dominga cumplieron todas las obligaciones de declaración y/o pago de impuestos que eran aplicables a esa operación”, aseguran.
Respecto al pago de la última cuota, resaltaron que correspondía solo al 6,5% del total del precio de venta y que las negociaciones se hicieron directamente con el Fondo de Inversión que vendió Dominga. Y aunque no lo mencionan quién habría firmado el contrato, a nombre de dicho fondo, fue Nicolás Noguera, el hombre que lleva adelante la gestión de las empresas de Piñera, descartando una participación del presidente con la operación.
“La vinculación de alguna autoridad con esta materia, que insinúa su carta, constituye una especulación completamente infundada que –como es de público conocimiento- fue materia de una investigación del Ministerio Público que fue sobreseída definitivamente, con costas”, indican.
La investigación denominada «Pandora Papers», en Chile, la encabezaron los periodistas Francisca Skoknic (LaBot) y Alberto Arellano (CIPER).
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