Achibueno y el mundo al revés

La Senadora por Maule Sur, Ximena Rincón, y el Ingeniero Civil Electricista Eduardo de la Fuente, reflexionan sobre la oposición a las centrales hidroeléctricas de Achibueno.

Un rechazo amplio y transversal existe en Linares contra las centrales hidroeléctricas en el río Achibueno. Sin embargo, la opinión de la ciudadanía poco y nada pesó contra un proyecto que todos saben presenta falencias serias y que aun así cumplió con todas las formalidades para estar hoy en condiciones de materializar la mayor aberración ambiental de la historia de Linares.

Esto, porque la vía política del Consejo de Ministros así lo ha determinado. Sin embargo, más allá de la coyuntura, la intención de construir centrales en un lugar que el propio Estado considera como sitio de conservación prioritaria por su rica flora y fauna, debe servir para identificar problemas, pero sobre todo las soluciones para un sistema que no camina, sino que cojea al extremo de estar a punto de caer.

Lo primero es decir que el Estado está indefenso frente a un proyecto de central eléctrica. De hecho, sólo cuenta con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el Ministerio de Energía para tratar temas relacionados con esta área y, lo peor, es que ambos organismos cuentan con un planta profesional muy reducida para la magnitud de los temas que deben abordar, lo que queda evidencia cada vez que la SEC se excluye de los procesos de evaluación ambiental o que la autoridad de energía se “pronuncie conforme”, sin mayor análisis y a pocos días de la solicitud de evaluar emanada desde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Y esa pobreza se nota con fuerza cada vez que deben enfrentarse a empresas de ingeniería que cuentan con decenas de ingenieros y profesionales altamente calificados y especializados.
La contienda claramente es desigual, porque no sólo hay pocos profesionales, sino que además cada vez que se evalúa un proyecto eléctrico, sus titulares instalan visiones catastrofistas con amenazas de racionamiento, potenciales dificultades de suministro futuro e impactos en el crecimiento económico. Y más encima cuestionan los “múltiples” obstáculos que se presentan para aprobar sus planes, en lo que constituye la versión chilena del “Síndrome del abusador”, que se queja de sus víctimas, en este caso, del Estado y los habitantes de las zonas afectadas por cada proyecto mal formulado y aprobado. El violador siempre argumentará que la víctima lo provocó y que la mató porque se resistía.

En este escenario, el efecto político no es menor si se considera que los evaluadores no son especialistas, sino que autoridades con superiores políticos y sin respaldo profesional suficiente. Ergo, no cuentan con argumentos para decir que no y terminan por aprobar. Es un escenario perverso, porque en la práctica el evaluador termina pronunciándose sólo “por cumplir” y muchas veces siguiendo instrucciones, como pasó con Los Robles en los Gobiernos de la Concertación y ahora, con la Derecha, con Achibueno.

Con todo, hay otro problema no menor. La generación de energía no tiene política de Estado ni menos planificación y, por lo mismo, está entregada al mercado. Por ello, y por tarifas demasiado generosas, hay tanto proyecto de central eléctrica dando vuelta, tanta anarquía y tan pocas trabas iniciales para que Pedro, Juan o Diego decidan cuándo y dónde levantar una hidroeléctrica o una termoeléctrica.

Tal es el caso de Achibueno. Dos centrales que no son de pasada, sino que lisa y llanamente centrales hidroeléctricas convencionales, sortearon los formalismos y están ahí, a un paso de iniciar su construcción. Técnicamente el proyecto es deficiente, incompleto, ignora aspectos básicos de ingeniería e incluso ocultó información relevante y peligrosa.

Parece el mundo al revés, pero aun cuando el responsable del proceso de evaluación, reconoció que el proyecto tenía vicios, las centrales se aprobaron igual; aun cuando los tribunales con poca información y formación en la materia, también autorizaron su construcción y aún cuando el espíritu empresarial del Gobierno ya les dio luz verde, seguirán apareciendo evidencias que no harán otra cosa que confirmar que se ha cometido una aberración ambiental a la vista, paciencia y obligada resignación de los 17 millones de chilenos.