Investigación de La Nación determinó que existen casos similares en Conchalí, Recoleta, San Miguel y Santiago. Pero éste es el único que ha llegado a tribunales. Así, aunque en Chile no hay jurisprudencia, el fallo instala una señal inquietante en el gremialismo municipal.

Difícil se le está poniendo el panorama al UDI y ex alcalde de Cauquenes Aquiles Rodríguez. La justicia civil acaba de declarar nulos los contratos de “arrendamiento con promesa de donación” de 5 vehículos que suscribió con la empresa Revesa y, en otro tribunal, esta vez del crimen, está a punto de resolverse su eventual encargatoria de reo por simulación de contrato, malversación de fondos y estafa, por el mismo hecho.

En efecto, el titular del 26º Juzgado Civil de Santiago -en fallo emitido el 16 de mayo y que está en proceso de notificación-, consideró que, tal como lo sostuvo La Nación Domingo en su última edición, Rodríguez había transgredido todas las normas que regulan la contratación de bienes y servicios municipales al cerrar trato con la empresa de Miguel Angel Bertonatti.

Por esta vía, Rodríguez había adquirido para la municipalidad una ambulancia, dos clínicas móviles y dos furgones habilitados para servicios de seguridad ciudadana, a sólo días de celebrarse las elecciones municipales del 2000. Pero Rodríguez perdió y el nuevo alcalde, Guillermo Badilla (DC), no sólo se negó a seguir pagando las cuotas por considerar el negocio demasiado lesivo para el patrimonio de la comuna, también inició las acciones legales en su contra y la empresa.

Hoy, la justicia le dio la razón a Badilla. Según precisa el libelo, Rodríguez vulneró el artículo 8º de la Ley Orgánica de Municipalidades y el reglamento interno de adquisiciones de la Municipalidad de Cauquenes. Es decir, no cumplió con la obligación pedir autorización al Ministerio de Hacienda, licitar los servicios e informar al concejo de las deudas que pensaba contraer. Por eso, el tribunal los declaró nulos.

La modalidad de arrendar con compromiso de donación está bastante extendida en otras comunas encabezadas por alcaldes de la UDI, como se relató en el reportaje de la semana pasada, como una forma, precisamente, de pasar por el lado de las normativas vigentes comprometiendo el patrimonio municipal más allá de lo permitido.

La investigación periodística de este medio determinó que existen casos similares en Conchalí, Recoleta, San Miguel y Santiago. Pero el de Cauquenes es el único caso que ha llegado a tribunales, hasta ahora.

Aquí no ha pasado nada

La peor parte, en lo inmediato, la llevará la empresa arrendataria (Revesa) que tendrá que devolver a la municipalidad el total de las cuotas pagadas.

– Al declarar nulos los contratos, la situación debe volver al estado previo a la celebración de los mismos. Es decir, Revesa debe restituir la totalidad de las rentas de arrendamiento a la municipalidad. Los vehículos, como nunca estuvieron a nombre del municipio, la empresa ya los vendió, resume el abogado de la parte querellante, Miguel Aylwin.

En concreto, estamos hablando de cerca de 30 millones de pesos, más reajustes e intereses, pues la Contraloría, en su informe sobre este caso, consigna que la municipalidad “en el período agosto del 2000 a marzo del 2001, ha cancelado por concepto de arriendo a la empresa Revesa S.A. la suma de $ 29.692.523”.

El negocio, en total, era por 270 millones de pesos, siendo que los bienes en cuestión alcanzaban a menos del 67% de esa cifra. Por eso, el fallo también consideró que se trataba de “contratos manifiestamente onerosos y gravosos” para las arcas de la corporación. Mismo detalle en el que había reparado la Contraloría regional, al señalar que “la diferencia entre el arrendamiento de los bienes que al término del contrato pasan a propiedad de la municipalidad y el precio de compra es de 99 millones 261 mil 556 pesos”.

El proceso ante el 26º Juzgado Civil de Santiago, que es el que falló esta semana, sólo perseguía la declaración de nulidad de los contratos. Los delitos anexos a esta historia se están viendo ante la justicia criminal, en otro proceso que se ventila en 16º Juzgado del Crimen de Santiago.
Ahora, Aylwin espera que el titular de este otro tribunal arribe a la misma conclusión que el primero y declare reo a Rodríguez y Bertonatti por simulación de contrato, malversación de fondos públicos y estafa en contra de la Municipalidad de Cauquenes.

El abogado cuenta que este segundo proceso está bastante avanzado. “Faltan sólo un par de diligencias pendientes para que se resuelva la encargatoria de reo de ambos”. Entre ellas, la respuesta a un oficio que se le envió a la Contraloría y un peritaje a los contratos, en los cuales se indica en el título que son de “Arrendamiento con Promesa de Donación”, pero en la primera cláusula se especifica que se trata “de arrendamiento con compromiso de venta”. ¿En qué quedamos?.

A juicio de Aylwin, esta es una prueba irrefutable de la simulación, aunque no la única, porque no se puede considerar un regalo algo por lo que se paga mucho más de su valor.

Fuente: La Nación