Reportaje de: La Nación

Comenzando por el edil de Santiago, varios alcaldes gremialistas han innovado contratos de leasing cambiando el “compromiso de venta” por una “promesa de donación”. Así, pasan por el lado de las restricciones y normativas que tienen para comprometer fondos municipales. Los casos se están recién conociendo, pero ya existen advertencias de Contraloría por “daño patrimonial” y en la Justicia está a punto de fallarse una querella por simulación de contrato, fraude y estafa.

Faltaban apenas ocho días para las elecciones municipales del 2000, cuando Aquiles Rodríguez, alcalde UDI por Cauquenes, dio un golpe de marketing ante su comunidad. “Municipio compró moderna ambulancia de emergencia”, se leía en la portada de “La Noticia”, el diario local.

En una nota interior, más antecedentes: la máquina situaba al consultorio municipal como “uno de los mejores equipados del país”.

Luego, unas páginas después, el lector se podía encontrar con una inserción que llamaba a votar por Aquiles Rodríguez. “Debe seguir” era el mensaje para los cauqueninos, acompañado de una foto del edil.

Pero Rodríguez no resultó electo. Fue superado por el democratacristiano Guillermo Badilla. Y entonces comenzó su infortunio.

La ambulancia había sido adquirida a la empresa Renta de Equipos y Vehículos Especiales S.A. (Revesa) bajo una modalidad curiosa: “contrato de arrendamiento con promesa de donación”. Bajo el mismo método, el municipio adquirió una clínica dental móvil, una clínica ginecológica móvil y dos furgones habilitados como móviles de seguridad. En total, el ex alcalde Rodríguez había comprometido el presupuesto futuro de la municipalidad en más de 270 millones de pesos. Monto que ahora tendría que cancelar su sucesor.

Pero Badilla se negó a seguir pagando las cuotas. A su juicio, los mentados contratos eran meros acuerdos de compra de bienes, y no donaciones, por lo cual la municipalidad estaba obligada a cumplir ciertas normativas legales: solicitar la autorización del Ministerio de Hacienda, llamar a licitación pública y contar con la anuencia del concejo.

Ninguna de ellas se cumplió, por lo que Badilla declaró nulos los documentos. Con sólo días de diferencia, Revesa se querelló en contra de la municipalidad por incumplimiento de contrato y el municipio hizo lo propio en contra del ex alcalde Rodríguez, la empresa y todos quienes resulten responsables de “simulación de contrato, malversación de caudales públicos y estafa en contra del municipio”.

-Estos contratos no corresponden a contratos de arrendamiento, sino que constituyen contratos de compraventa simulados, redactados de esta forma con el único objetivo de eludir las normas que regulan las adquisiciones municipales -, señala el abogado del municipio, Miguel Aylwin Oyarzún.
El abogado tiene más argumentos para cuestionar la verdadera calidad de los contratos, a los que La Nación Domingo tuvo acceso. Como que en cada uno de ellos, después de identificar a las partes, se señala que “se celebra el siguiente c ontrato de Arrendamiento con opción de compra”: un lapsus linguae que, obviamente, escapó a los redactores que se encargaron de ajustar a sus intereses un simple contrato de leasing. De hecho, la única diferencia entre este tipo de contrato y un leasing es que, en éste último, la opción de compra se hace explícita a través del pago de la última cuota. Pero eso aquí no ocurre, pues con el último pago se dan por “donados” los bienes.

AMBULANCIA FULL

Para la Contraloría, los contratos suscritos por el ex alcalde de Cauquenes son ilegales. “En contratos de arrendamiento de vehículos con promesa de donación que celebre un municipio (…) debe requerirse autorización del Ministerio de Hacienda”, señala un dictamen en que sienta jurisprudencia al respecto.

El organismo contralor recibió los antecedentes de lo ocurrido en Cauquenes y concluyó que el alcalde Rodríguez “no se apegó en ningún momento a lo establecido en la normativa”, ni en la legislación general, ni en el reglamento interno de la municipalidad para contratar servicios y bienes.
Según el dictamen, el mecanismo utilizado debía ser el señalado en el artículo 8º de la Ley 18.695. Es decir, necesariamente se debe llamar a licitación pública para esos fines si las operaciones son por más de 200 UTM. Si los bienes fueran de valores inferiores a las 200 UTM, el órgano contralor señala que podrá contratarse por propuesta privada; y, por último, se avala la contratación directa sólo si los bienes tienen un costo inferior a las 100 UTM o no hubo postores en las instancias anteriores. La misma normativa establece que el alcalde debe informar al concejo sobre la adjudicación de estos convenios.

Por eso, la querella presentada por Miguel Aylwin también configura el delito de “malversación de fondos municipales”.

La Contraloría también emitió un juicio respecto al perjuicio patrimonial en Cauquenes. “La diferencia entre el arrendamiento de los bienes que al término del contrato pasan a propiedad de municipal y el precio de compra es de 99 millones 261 mil 556 pesos”, indica.

“A mayor abundamiento -agrega el informe- cabe informar que la Municipalidad, en el período agosto de 2000 a marzo de 2001, ha cancelado por concepto de arriendo a la empresa Revesa S.A. la suma de $ 29.692.523, es decir, en el curso de ocho meses ha pagado el equivalente al precio de tres de los vehículos cotizados”.

Pese a contar con estos antecedentes, el titular del Juzgado de Letras de Cauquenes quiso otra opinión y encargó a un perito judicial un análisis similar. El resultado, adjuntado al proceso, concluye que los vehículos en cuestión, incluidos todos los accesorios con los cuales se les habilitó, tienen un valor de mercado inferior al 50% de lo pagado por ellos.

En el caso de la ambulancia con la que se inició este reportaje, por ejemplo, el perito calcula su valor total (con todos los adicionales, entre los que se consideran chalecos de rescate, collares cervicales y otros insumos médicos) en 49 millones de pesos y fracción, con IVA incluido.

Si se cumpliera cabalmente el contrato entre Rodríguez y Revesa, se estaría pagando por la famosa ambulancia más de 130 millones de pesos.

PRACTICA EXTENDIDA

La querella presentada por el abogado Aylwin está a punto de ser fallada. Sólo entonces se sabrá si el cuestionado mecanismo utilizado por el alcalde de Cauquenes se institucionaliza o no.

Pero ojo, que no se trata de una práctica poco común en las filas de los alcaldes gremialistas. El mismo Aylwin cuenta que el representante legal de Revesa, Miguel Angel Bertonati, declaró ante el tribunal que la empresa tenía contratos similares con los municipios de Santiago y San Miguel (LND intentó comunicarse con Bertonati, pero no obtuvo respuesta).

Otro ejemplo es Recoleta. La comisión fiscalizadora del Concejo Municipal, integrada por dos militantes UDI y un demócratacristiano, encendió la luz de alerta.

En un informe que analiza los ingresos y gastos efectuados por el municipio entre el 31 de diciembre del 2000 y el 30 de abril del 2002, bajo el subtítulo “Contratos de Arriendo onerosos e inconvenientes para los intereses municipales”, se consigna que durante ese período se suscribieron cinco contratos con Santiago Leasing S.A.; dos con Comercial Automotriz Siglo XXI; uno con Santiago Bengolea y Cía Ltda.; y otro con Cincrex S.A; por 36 vehículos en total, por los cuales se pagarían 22.022,16 UF más IVA. Es decir, se comprometió el presupuesto municipal en más de 440 millones de pesos en obligaciones a plazo de entre 16 a 36 meses.

A los concejales les llamó la atención de que en ninguno de los contratos con Santiago Leasing existiera compromiso de donación, lo que sí ocurría en los otros. Es más, el informe reproduce, en negritas, una cláusula en que se lee que “los bienes arrendados deberán ser devueltos en un plazo de cinco días hábiles siguientes al vencimiento”.

El concejal UDI Marcelo Teuber, uno de los firmantes del informe, dijo a LND que éste convenio tiene sólo carácter preliminar. Según él, en una segunda versión se corrige lo allí señalado, pues al momento de redactarlo no estaban todos los antecedentes a la mano. Pero Teuber no pudo dar copia de esta otra versión, “porque aún no está debidamente firmado”. Ello, pese a que el primero está fechado hace más de un año.

En todo caso, Teuber proporcionó otros documentos que pueden aclarar el asunto. En efecto, en un memorándum que envía el secretario municipal a los integrantes de la comisión fiscalizadora (fechado el 12 de noviembre de 2002) señala que existían otros contratos relacionados a los de Santiago Leasing de los cuales él no tenía conocimiento cuando informó en la primera oportunidad a los concejales.

Se trata de cinco promesas de compraventa entre Comercial Automotriz Siglo XXI y Santiago Leasing, de igual fecha a los de arriendo con donación, por medio de los cuales la primera se compromete a comprar a la segunda los mismos vehículos que ésta arrienda a la municipalidad, al término del contrato de arrendamiento. Además, existía un decreto exento del alcalde (el Nº 3326 del 5/9/2002) con el que se aprobó un compromiso de donación de Comercial Siglo XXI a la municipalidad.

-Lo que sucede es que se hizo una triangulación. Entonces, es una empresa la que arrienda y es otra la que dona, pero los autos quedan al final en manos de la municipalidad-, explica Teuber.
La situación también fue aclarada por el alcalde Gonzalo Cornejo ante el concejo, en sesión del 20 de agosto del 2002. “Es importante explicar por qué se hace esta triangulación: porque el artículo 10 de la Ley de Presupuesto incorpora, a partir del 2001, a las municipalidades en la imposibilidad de hacer este tipo de negociaciones de financiamiento sin autorización del ministerio de Hacienda”, afirmó Cornejo, según el acta oficial del encuentro.

Es decir, Cornejo aceptó que se estaba utilizando un resquicio para pasar por el lado de la normativa legal vigente.

Y, ante los concejales, se sinceró en sus fundamentos.

-Qué fácil sería poder hacerlo más simple, cuánto nos gustaría (…) si a algún genio no se le hubiera ocurrido incorporar este artículo 10 de la Ley de Presupuesto Nacional a las municipalidades, desde mi perspectiva, para evitar que hubiera alcaldes que pudieran hacer lo que hizo Joaquín Lavín en Las Condes- remató.

Pero más allá de las formas, a los concejales les preocupaba el monto de los contratos, e hicieron cálculos que resultaron inquietantes. Por ejemplo, en el caso de dos Kia Río que le arrendaban a Santiago Leasing, concluyen que, al término del contrato, se habrán pagado más de $ 8 millones por cada uno. Y en la fecha en la cual se suscribieron los compromisos, el valor de estos autos oscilaba más menos en la mitad de esa suma.

Quizás por eso, al final del documento, la comisión fiscalizadora señala: “muy triste sería que condujéramos a este municipio a una situación de inviabilidad económica, simplemente por un manejo irresponsable y populista”. El reconocimiento no es menor. Sobre todo si se toma en cuenta que los firmantes son tres y dos son militantes de la UDI.

En la sesión de concejo antes citada, Cornejo sacó sus propias cuentas. Si los mismos vehículos sólo se arrendaran, saldrían más caros al municipio, retrucó. No hizo ninguna reflexión respecto a si era apropiado o no tratar de torcerle la mano a la ley.

DONACIONES PERO…

El perjuicio económico que importa a las arcas municipales este tipo de contratos ha estado también en el centro de la preocupación de funcionarios de otras comunas. En Conchalí, cuatro concejales recurrieron, en enero pasado, ante la Contraloría General de la República para que se pronunciara respecto a un decreto exento firmado por la alcaldesa Pilar Urrutia (UDI), mediante el cual se autorizó el arrendamiento de algunos móviles.

Se trata de un “contrato de arrendamiento con promesa de donación” de 16 vehículos, suscrito con Comercial Automotriz Petric S.A.C.I., por un plazo fijo de 36 meses. Se trata de 2 automóviles Hyundai Accent 1.3; 6 furgones Combo Diesel 1.4 y 8 camionetas Chevrolet Luv bencineras que fueron asignados a diversas unidades municipales.

Según la factura de febrero de este año, mediante la cual se paga la cuota 14 de 36 y cuya copia tiene LND, el “arriendo” de estos vehículos le significan al presupuesto municipal desembolsar casi 6 millones de pesos mensuales. Esto es, casi un millón más de lo que vale un Hyundai Accent del año.

Ese detalle no escapó al fiscalizador. Comparando el valor unitario de cada uno en el mercado, la Contraloría informa que en el caso de los autos el valor de mercado es de 316 UF, pero el municipio cancelará por ellos 684 UF por cada uno. En lo que respecta a los furgones Combo, destinados a labores de seguridad ciudadana, el precio de mercado establecido por Contraloría alcanza a 443 UF cada uno, y se cancelará por ellos 792 UF. Lo mismo ocurre con la camioneta, de un valor comercial de 450 UF, por la que se cancelará 828 UF.

Tras realizar el análisis pertinente, el órgano fiscalizador indica que “es posible concluir que esa municipalidad formalizó un convenio comercial que conlleva el pago de valores por vehículo que están muy por sobre el valor de lista, con altas tasas de interés real, todo lo cual redunda en un inadecuado resguardo del patrimonio institucional”.

La diputada PPD María Antonieta Sáa, en cuyo distrito se ubican las municipalidades de Recoleta y Conchalí, llama la atención sobre una curiosa coincidencia: el asesor jurídico de esta última municipalidad, al momento de suscribirse los contratos, era el abogado Marcelo Hurtado, el mismo que prestó idénticos servicios al alcalde Aquiles Rodríguez en Cauquenes, con los mismos fines.

La diputada Saa también critica que la finalidad de estos contratos sea hacer caso omiso de las normativas vigentes. “No me parecen apropiados porque, a través de ellos, se evitan las licitaciones y, en una acción unilateral de los alcaldes, se comprometen dineros públicos sin acuerdo del concejo”, dice.

El viernes recién pasado, en el Congreso, se aprobó una Ley de Compras Públicas que norma las contrataciones de bienes y servicios de las municipalidades y todos los servicios estatales. Entre otras cosas, se crea un registro público de proveedores y se establecen normas que aseguran la transparencia de las negociaciones. También se mantienen las restricciones y la autorización de Hacienda para contraer deudas. Pero no nombra en ninguno de sus artículos la figura de “arrendamiento con promesa de donación”, ni para aceptarla ni para señalar que no procede. ¿Será por lo rápido que se legisló?

Fuente: La nación