En el campo maulino conviven dos mundos que dependen del agua. Por un lado están los regantes, que riegan sus cultivos con los canales. Por otro, los APR, el sistema de agua potable rural que administran los propios vecinos para tener agua en sus casas. Para el diputado Daniel Bustos (PRep), no se trata de regantes contra APR.

El lunes, en la Comisión de Recursos Hídricos, asociaciones de canalistas y juntas de vigilancia del Maule expusieron su visión sobre el proyecto conocido como «un comunero, un voto». Hoy, cada integrante de estas organizaciones vota según las acciones de agua que tiene, y esas acciones también definen cuánto paga para mantener canales y hacer obras. El proyecto propone un voto por persona.

Los invitados explicaron que separar el voto del pago pone en riesgo el financiamiento de las obras de riego. También recordaron que el agua de riego y el agua para consumo humano son cosas distintas, con reglas y necesidades propias. Por eso, cambiar la forma de votar en los canales no resuelve los problemas del agua potable rural.

«Estas organizaciones tienen una experiencia enorme y han sostenido los canales del Maule por generaciones. Su planteamiento me convenció de que este proyecto no es la solución», afirmó Bustos.

El diputado agregó que eso no significa desentenderse de lo que viven algunos comités. «No me voy a poner en la trinchera de unos contra otros. Los regantes son clave para el Maule y los APR también. Si el agua para beber es distinta, sus problemas merecen soluciones propias. Hay comités que denuncian haber sido pasados a llevar, y esos casos hay que resolverlos de forma concreta, conversando con todos y sin romper lo que funciona», sostuvo.

Por eso, Bustos invitó a dirigentes y usuarios de APR del Maule a acercarse a su oficina parlamentaria o escribirle por redes sociales para contar sus experiencias. Al mismo tiempo, seguirá el diálogo con canalistas y juntas de vigilancia para construir propuestas en las que ambos sectores ganen.

Bustos adelantó que, tal como está redactado hoy, votará en contra del proyecto. Según lo que ha podido concluir en la comisión, el proyecto solo cambia un régimen que en buena medida funciona, y los APR seguirían con el mismo problema que tienen ahora.

El diputado recordó además que la reforma al Código de Aguas de 2022 ya establece que el consumo humano tiene prioridad sobre otros usos. Lo que le preocupa es cómo se está aplicando esa norma, con qué criterios y si las direcciones regionales de la DGA la cumplen de la misma forma en todo el país. A su juicio, más que crear nuevas leyes, primero hay que asegurar que se cumpla la que ya existe.