El proyecto de ley presentado por el senador por el Maule, Cristián Vial (independiente-Partido Republicano), junto a la senadora Vanessa Kaiser (PLN), de seguro reavivará una polémica que cada cierto tiempo surge respecto de las responsabilidades por abusos de efectivos de las fuerzas militares y de orden acusados por sus actuaciones reñidas con la Ley y procesados por la justicia.

Los parlamentarios, al proponer un indulto general para integrantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería que fueron juzgados por hechos ocurridos durante el estallido social iniciado en octubre de 2019, de esta manera estarían desconociendo el trabajo realizado por el Poder Judicial y los tribunales de la República.

A juicio de sus autores la iniciativa busca beneficiar a funcionarios que enfrentaron procesos judiciales por actuaciones desarrolladas en el contexto de las manifestaciones, un planteamiento que volvió a instalar la discusión sobre el alcance de las responsabilidades penales por violaciones a la ley cometidas durante ese período.

Según explica Vial, el proyecto tiene como propósito otorgar certeza jurídica a quienes actuaron bajo mandato del Estado. «Queremos que se haga justicia con nuestras Fuerzas Armadas, nuestras policías y también con Gendarmería. Por eso hemos presentado este proyecto de ley de indulto general para los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019», señaló.

El parlamentario sostiene que su propuesta de perdonazo no busca establecer impunidad, sino cerrar las heridas derivadas del estallido social y restablecer la seguridad jurídica de los funcionarios que participaron en labores de resguardo del orden público, sin siquiera comprobar responsabilidades y -menos aún- que se pague judicialmente de corroborarse esos excesos.

Con la iniciativa -además- hay un cuestionamientos a la duración de los procesos judiciales seguidos contra funcionarios de estas instituciones., ante lo cual Vial afirma que esa situación podría afectar la capacidad de respuesta de las Fuerzas de Orden y Seguridad frente a futuras emergencias, argumento que incorporó como parte de los fundamentos del proyecto, el que deberá iniciar su discusión legislativa en el Senado.