El día en que cuatro Cauqueninos fueron asesinados por la Caravana de la Muerte

Era la mañana del 4 de octubre de 1973 cuando un helicóptero aterrizó en Cauquenes. Fue una actividad no habitual en la ciudad, por lo que de inmediato llamó la atención. Se trataba de una parada más del funesto itinerario de la Caravana de la Muerte.

El mismo día del Golpe de Estado, la Junta Militar que se había tomado el poder comienza a realizar una serie de detenciones de hombres y mujeres adherentes al Gobierno de la Unidad Popular (UP). En Santiago el grueso de los detenidos son trasladados al Estadio Nacional, en Concepción son llevados hasta la Isla Quiriquina y en otras ciudades más pequeñas, como Cauquenes, a recintos como los de Investigaciones y el Ejército.

Ese mismo 11 de septiembre el joven cauquenino Miguel Muñoz Flores, de sólo 21 años, empleado de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) y militante socialista es detenido en su domicilio por efectivos de la Policía de Investigaciones y trasladado al cuartel de la misma institución en la ciudad.

Durante el mes de septiembre el estudiante de la Universidad de Talca, trabajador y dirigente de la juventud socialista local, Pablo Vera Torres, de 22 años, corre la misma suerte de Muñoz. Es detenido, días después dejado en libertad, para luego volverlo a detener y recluir -también- en el cuartel de Investigaciones.

En la madrugada del 20 de septiembre, un nuevo detenido será el joven profesional, Manuel Plaza Arellano, de 25 años, técnico agrícola. Al rededor de dos semanas después -el día 2 de octubre- su colega, de 29 años, Claudio Lavín Loyola, casado, padre de dos hijos y funcionario del Banco del Estado, también es detenido por efectivos de Investigaciones de Chile, cuando se presentaba voluntariamente a cumplir con la firma diaria que le había sido impuesta por el Jefe de Zona en Estado de Sitio, Rubén Castillo White.

Dos días después de la última de estas detenciones -el 4 de octubre- los jóvenes militantes del Partido Socialista (PS) son sacados del cuartel local de la Policía de Investigaciones de Cauquenes, fuertemente custodiados por efectivos militares, y llevados hasta el Fundo El Oriente.

La versión oficial de entonces, señaló que dicho procedimiento se hizo con el propósito de hacer una reconstitución de escena en el señalado lugar en las afueras de la ciudad. Los detenidos, según la misma versión, habrían aprovechado dichas circunstancias para atacar a uno de los centinelas, motivo por el cual se procedió a dispararles, causándoles la muerte.

Caravana de la muerte

La justificación de las autoridades de la época la basarían en el cumplimiento del “Bando 24 de la Junta Militar de Gobierno”, el que autorizaba la ejecución inmediata en el caso de aquellos que se opusieran o resistieran a las nuevas autoridades militares.

Sin embargo, horas antes de la ejecución de los cuatro jóvenes cauqueninos, un helicóptero Puma del Ejército que transportaba al General de Brigada Sergio Arellano Stark, con pasaporte de Oficial Delegado del Comandante en Jefe del Ejército y de la Junta de Gobierno, y su comitiva, arribó a la ciudad y permaneció aquí hasta poco después de verificarse los fusilamientos de los jóvenes cauqueninos ese 4 de octubre.

Tal actividad no era frecuente en Cauquenes y la llegada de esta comitiva militar fue vista por numerosos testigos.

La misión fue conformada después del golpe del 11 de septiembre, luego que el propio jefe de la Junta, Augusto Pinochet Ugarte, recibiera noticias del compasivo trato dado por algunos comandantes de guarniciones provinciales a los ex dirigentes de la UP, decidió -entonces- aleccionar a estos mandos denominados “blandos” enviando a un Oficial Delegado que lo representaría y actuaría en su nombre, el que aceleraría procesos y uniformaría criterios en la “administración de justicia” a los prisioneros.

La delegación liderada por el general Arellano Stark, estuvo conformada -además- por el Teniente coronel Sergio Arredondo González, quién más tarde será nombrado director de la Escuela de Infantería del Ejército; el Mayor Pedro Espinoza Bravo, oficial de Inteligencia del Ejército, tiempo después nombrado jefe de operaciones de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) e involucrado en emblemáticos casos como el asesinato de Orlando Letelier y del periodista norteamericano Charles Horman, hecho del que fue sindicado como autor. Otros integrantes eran el Mayor Carlos López Tapia, segundo jefe de la misión del helicóptero Puma en sus cometidos de Linares y Cauquenes, por lo que ha sido acusado de participar en la muerte de cuatro disidentes al Régimen Militar. A ellos se suma el Capitán Marcelo Moren Brito, el que después llegará a convertirse en comandante del campo de torturas de Villa Grimaldi.

La comitiva, también fue conformada por; el Capitán Antonio Palomo Contreras, piloto del helicóptero en el viaje al sur; el Capitán Emilio Robert de la Mahotiere González, copiloto del helicóptero al sur y piloto en viaje al norte; el Capitán Luis Felipe Polanco, copiloto en el viaje al norte; el Teniente Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, encargado de coordinación y logística en la misión, y el Teniente Armando Fernández Larios, quien se convertiría más tarde en un agente de la DINA, el que también se vio involucrado en el asesinato de Orlando Letelier. Otros dos miembros de esta tripulación serán dos clases de la Escuela de Infantería del Ejército.

El grupo partió desde el aeródromo Tobalaba el 30 de septiembre de 1973, realizando un recorrido inicial que incluyó ciudades del sur de Chile como; Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Cauquenes. El 6 de octubre, la comitiva ya estaba de regreso en la capital, dejando a su paso un sagriento saldo de 26 personas ejecutadas.

Comunican las muertes

Fue en plena plaza pública de Cauquenes, a través de altoparlantes, y mediante un bando oficial, que los familiares de las víctimas se enteraron de la peor de las noticias: Las muertes de sus seres queridos.

Los cuerpos -sin vida- de los cuatro jóvenes, fueron llevados al Instituto Médico Legal, donde se les practicó la autopsia de rigor, para luego ser trasladados -por efectivos militares- al cementerio de la ciudad, en donde fueron enterrados en una fosa común. Sólo los restos de uno de ellos, mediante gestiones personales de la familia, logró ser exhumado y sepultado de forma particular.

Años más tarde, mediante antecedentes recogidos y analizados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en 1991, se concluye que resulta inverosímil la versión oficial.

Es que el resultado del informe de autopsia, de al menos uno de los jóvenes fusilados, afirma que se le disparó en la sien a corta distancia, desmintiendo la versión oficial. Es que la fuerte custodia militar bajo la cual fueron sacados los detenidos, hace improbable que, estando desarmados, hubieran atacado a un centinela -indica el informe- y aún cuando lo anterior hubiese ocurrido, el personal militar que los custodiaba podría haber procedido a reducirlos y recapturarlos sin necesidad de darles muerte.

Es en vista de los antecedentes anteriores, que en el llamado Informe Rettig se señalará: “La Comisión ha llegado a la convicción que estas cuatro personas fueron ejecutadas por agentes del Estado al margen de toda justificación. Son víctimas de una grave violación de su derecho a la vida y sus familias del legítimo derecho a darles sepultura”.

Por: Patricio Alexis Díaz E.

Extracto del Reportaje:

A 40 años/ Cronología del Golpe y sus víctimas en Cauquenes