El 11 de septiembre de 1973 es la fecha inscrita en la historia de Chile como aquella que nos dividió y que  a pesar de haber transcurrido ya cuatro décadas, sigue causando desunión. Desde ese mismo día del Golpe Militar, muchos chilenos comenzaron a vivir las consecuencias de apoyar al Gobierno de Salvador Allende y entre ellos, cuatro cauqueninos perdieron la vida con el paso de la llamada “Caravana de la Muerte”.

Es la madrugada del 11 de septiembre de 1973, a eso de las 6:00 horas de la mañana los barcos de la Armada que habían zarpado del puerto de Valparaíso, el día anterior para participar de la operación Unitas, regresan y efectivos navales comienzan a ocupar las calles del principal puerto del país, también la Intendencia de la Quinta Región y las plantas de las compañías telefónicas. En Santiago -en tanto- el comandante en jefe de la Armada de Chile es detenido en su domicilio y un grupo de generales de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden comienzan a tomar el control del país. Partía así el día en que los destinos de Chile darían un drástico y doloroso giro.

Son las 7:30 horas y el presidente Salvador Allende, ya alertado de lo que ocurría en Valparaíso llega hasta La Moneda acompañado de su guardia personal. Sin embargo, a esas alturas, el palacio de Gobierno ya estaba totalmente rodeado por las tropas rebeldes.

A las 8:00 horas Allende informa al país, a través de las estaciones radiales, sobre el levantamiento de la Armada en Valparaíso. Hasta ese entonces, el presidente socialista no sospechaba que ese era sólo el inicio de un plan bastante más acabado que terminaría por derrocar a su Gobierno. Quince minutos más tarde, las emisoras de oposición -a través de una cadena- transmiten la primera proclama militar, mientras ello ocurre las radios afines al gobierno son bajadas del aire.

Cuando el reloj marca las 9:00 de la mañana, el mandatario ya tiene claro que todas las Fuerzas Armadas están coludidas en su contra y que los mandos leales a su Gobierno fueron descabezados. A las 9:20 horas el presidente Allende habla por última vez a través de Radio Magallanes y con emotivas palabras se dirige a sus seguidores. Ésta será su última intervención pública: “El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse”, señala.

Luego -y en uno de los más significativos extractos de su discurso de despedida- Salvador Allende manifiesta: “Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”.

Ya a las 10 de la mañana, los tanques apostados frente a La Moneda comienzan a disparar, desde Palacio el Grupo de Amigos del Presidente (GAP) y efectivos de Investigaciones que deciden continuar defendiendo a Allende responden al fuego. A las 11:00 un grupo de mujeres que permanece en el edificio de Gobierno, entre ellas las hijas del mandatario, abandonan el lugar.

La jornada sigue avanzando y es al mediodía del 11 de septiembre, cuando la Fuerza Aérea de Chile (Fach) deja caer al rededor de 20 bombas explosivas -durante 15 minutos- sobre el ya dañado, pero aún estoico, Palacio Presidencial. El ala norte del edificio -frente a calle Moneda- comienza a arder profusamente, mientras que las tropas terrestres -ahora- lanzan bombas de gas lacrimógeno al interior de la estructura.

Cuando son las 13.30 horas, efectivos militares -liderados por el General Palacios- ingresan a La Moneda y una larga fila de detenidos hace abandono del lugar. En el segundo piso de la mancillada Casa de Gobierno, el presidente Salvador Allende Gossens, decide quitarse la vida con un fusil de asalto AK-47, regalado por por el líder cubano Fidel Castro, que en una placa dorada, tiene grabada la frase: “A Salvador Allende, de su compañero de armas, Fidel Castro”.

A las 4 de la tarde, es cuando Bomberos llega hasta el lugar para apagar las llamas que consumían la Casa de Gobierno, los restos del mandatario aun siguen allí. Al caer la noche y cubierto por un choapino boliviano el cuerpo del fallecido presidente es retirado por efectivos del Ejercito y trasladado hasta el Hospital Militar de Santiago. A esas alturas, la mayoría de las personas están resguardadas en sus casas bajo toque de queda, que regía desde las 18:00 horas y hasta la mañana siguiente. Otras cientos de familias afines al derrocado Gobierno, en todo el país, desconocen el paradero de algunos de los suyos.

Cauqueninos ejecutados

Ese mismo día del Golpe de Estado, la Junta Militar que se había tomado el poder comienza a realizar una serie de detenciones de hombres y mujeres adherentes al Gobierno de la Unidad Popular (UP). En Santiago el grueso de los detenidos son trasladados al Estadio Nacional, en Concepción son llevados hasta la Isla Quiriquina y en otras ciudades más pequeñas, como Cauquenes, a recintos como los de Investigaciones y el Ejército.

Ese mismo 11 de septiembre el joven cauquenino Miguel Muñoz Flores, de sólo 21 años, empleado de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) y militante socialista es detenido en su domicilio por efectivos de la Policía de Investigaciones y trasladado al cuartel de la misma institución en la ciudad.

Durante el mes de septiembre el estudiante de la Universidad de Talca, trabajador y dirigente de la juventud socialista local, Pablo Vera Torres, de 22 años, corre la misma suerte de Muñoz. Es detenido, días después dejado en libertad, para luego volver a detenerlo y recluiro -también- en el cuartel de Investigaciones.

En la madrugada del 20 de septiembre, un nuevo detenido será el joven profesional, Manuel Plaza Arellano, de 25 años, técnico agrícola. Al rededor de dos semanas después -el día 2 de octubre- su colega, de 29 años, Claudio Lavín Loyola, casado, padre de dos hijos y funcionario del Banco del Estado, también es detenido por efectivos de la Policía de Investigaciones, cuando se presentaba voluntariamente a cumplir con la firma diaria que le había sido impuesta por el Jefe de Zona en Estado de Sitio, Rubén Castillo White.

Dos días después de la última de estas detenciones, los jóvenes militantes del Partido Socialista (PS) son sacados del cuartel local de la Policía de Investigaciones de Cauquenes, fuertemente custodiados por efectivos militares. La versión oficial de entonces señaló que dicho procedimiento se hizo con el propósito de hacer una reconstitución de escena en el Fundo El Oriente, en las afueras de esta ciudad. Los detenidos, según la misma versión, habrían aprovechado dichas circunstancias para atacar a uno de los centinelas, motivo por el cual se procedió a dispararles, causándoles la muerte.

Caravana de la muerte

La justificación de las autoridades de la época la basarían en el cumplimiento del “Bando 24 de la Junta Militar de Gobierno”, el que autorizaba la ejecución inmediata en el caso de aquellos que se opusieran o resistieran a las nuevas autoridades militares.

Sin embargo, horas antes de la ejecución de los cuatro jóvenes cauqueninos, un helicóptero Puma del Ejército que transportaba al General de Brigada Sergio Arellano Stark, con pasaporte de Oficial Delegado del Comandante en Jefe del Ejército y de la Junta de Gobierno, y su comitiva, arribó a la ciudad y permaneció aquí hasta poco después de verificarse los fusilamientos de los jóvenes cauqueninos.

Tal actividad no era frecuente en Cauquenes y la llegada de esta comitiva militar fue vista por numerosos testigos.

La misión fue conformada después del golpe del 11 de septiembre, luego que el propio jefe de la Junta, Augusto Pinochet Ugarte, recibiera noticias del compasivo trato dado por algunos comandantes de guarniciones provinciales a los ex dirigentes de la UP, decidió -entonces- aleccionar a estos mandos denominados “blandos” enviando a un Oficial Delegado que lo representaría y actuaría en su nombre, el que aceleraría procesos y uniformaría criterios en la “administración de justicia” a los prisioneros.

La delegación liderada por el general Arellano Stark, estuvo conformada -además- por el Teniente coronel Sergio Arredondo González, quién más tarde será nombrado director de la Escuela de Infantería del Ejército; el Mayor Pedro Espinoza Bravo, oficial de Inteligencia del Ejército, tiempo después nombrado jefe de operaciones de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) e involucrado en emblemáticos casos como el asesinato de Orlando Letelier y del periodista norteamericano Charles Horman, hecho del que fue sindicado como autor; el Mayor Carlos López Tapia, segundo jefe de la misión del helicóptero Puma en sus cometidos de Linares y Cauquenes, por lo que ha sido acusado de participar en la muerte de cuatro disidentes al Régimen Militar. A ellos se suma el Capitán Marcelo Moren Brito, el que después llegará a convertirse en comandante del campo de torturas de Villa Grimaldi.

Otros de los integrantes de la comitiva fueron el Capitán Antonio Palomo Contreras, piloto del helicóptero en el viaje al sur; el Capitán Emilio Robert de la Mahotiere González, copiloto del helicóptero al sur y piloto en viaje al norte; el Capitán Luis Felipe Polanco, copiloto en el viaje al norte; el Teniente Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, encargado de coordinación y logística en la misión, y el Teniente Armando Fernández Larios, quien se convertiría más tarde en un agente de la DINA, el que también se vio involucrado en el asesinato de Orlando Letelier. Otros dos miembros de esta tripulación serán dos clases de la Escuela de Infantería del Ejército.

El grupo partió desde el aeródromo Tobalaba el 30 de septiembre de 1973, realizando un recorrido inicial que incluyó ciudades del sur de Chile como; Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Cauquenes. El 6 de octubre, la comitiva ya estaba de regreso en la capital, dejando a su paso un sagriento saldo de 26 personas ejecutadas.

Comunican las muertes

Fue en plena plaza de Cauquenes, a través de altoparlantes, y mediante un bando oficial, que los familiares de las víctimas se enteraron de las muertes de sus seres queridos. Los cuerpos sin vida de los cuatro jóvenes, fueron llevados al Instituto Médico Legal, donde se les practicó la autopsia de rigor, para luego ser trasladados -por efectivos militares- al cementerio de la ciudad, en donde fueron enterrados en una fosa común. Sólo el cuerpo de uno de ellos, mediante gestiones personales de la familia, logró ser exhumado y sepultado de forma particular.

Años más tarde, mediante antecedentes recogidos y analizados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en 1991, se concluye que resulta inverosímil la versión oficial en consideración de las siguientes circunstancias:

-El resultado del informe de autopsia de al menos uno de los jóvenes fusilados, afirma que se le disparó en la sien a corta distancia, pericia que desmiente la versión oficial;

-La fuerte custodia militar bajo la cual fueron sacados los detenidos, hace improbable que, estando desarmados, hubieran atacado a un centinela;

-Aún cuando lo anterior hubiese ocurrido, el personal militar que los custodiaba podría haber procedido a reducirlos y recapturarlos sin necesidad de darles muerte.

Es en vista de los antecedentes anteriores que en el llamado Informe Rettig se señalará: “La Comisión ha llegado a la convicción que estas cuatro personas fueron ejecutadas por agentes del Estado al margen de toda justificación. Son víctimas de una grave violación de su derecho a la vida y sus familias del legítimo derecho a darles sepultura”.

Por: Patricio Alexis Díaz E.
Documentación, prensa y web