Son 200 familiares de 69 víctimas fatales los que solicitan al fisco una compensación económica por daño moral y perjucio, ya que acusan que el Estado actuó tardíamente para el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010.
Una suma de 300 millones de pesos recibiría cada uno de los familiares representados en la demanda colectiva en contra del Fisco, presentada la mañana del jueves por el abogado Jean Vasseur, en representación de 200 parientes de 69 de las víctimas fatales de la tragedia del 27 F.
Los demandantes, que son habitantes de Constitución, Pelluhue y Cauquenes, exigen ser reparados económicamente –por un monto que en conjunto suma 60 mil millones de pesos- por daño moral, lucro cesante y perjuicios ocasionados por las muertes de sus familiares y la destrucción de sus casas, debido a la fallida alerta de tsunami.
El abogado Vasseur, señaló: «Lo que se demanda acá es la responsabilidad civil del Estado por falta de servicio, que consiste en que el Estado, a través de sus órganos, fundamentalmente la Onemi (Oficina Nacional de Emergencia), no actuó o lo hizo tardíamente. Esta falta de servicio provocó los perjuicios que se tradujeron en la pérdida de vidas humanas».
Por su parte, Lorena Hoffmann -madre del futbolista Mark González- quien ha actuado como vocera de este grupo desde el tsunami y hasta la presentación de este recurso, señaló: «le entregamos una carta al Presidente en la que le pedimos que una vez terminada la investigación lleguemos a una mesa de diálogo con el Estado porque a esta gente no se le pueden seguir removiendo las heridas».
Codeudores
Otro que emprenderá acciones civiles de la misma índole, de manera paralela pero independiente, es el abogado Raúl Meza, quien representará sólo a una familia. La diferencia es que esta demanda no irá únicamente en contra del Estado, ya que incluirá a la ex Presidenta Michelle Bachelet; el ex Ministro del Interior, Edmundo Perez-Yoma, y otras autoridades de la época, como codeudores solidarios.
«Con sus acciones y omisiones frente a una emergencia nacional comprometieron la responsabilidad objetiva del Estado y el patrimonio fiscal que pertenece a todos los chilenos», manifestó el jurista.
La acción judicial se produce días después que diputados de la alianza –mediante una comisión investigadora- acusaran a la ex presidenta Bachelet de cometer faltas «gravísimas» durante el terremoto y tsunami de 2010, como asumir un papel de mando que no le correspondía, ocultar información y no resguardar el orden público.
Sin embargo, las anteriores acusaciones son calificadas por la Concertación como una “maniobra política” por parte de la derecha, que busca desacreditar a la ex mandataria con el fin de limitar sus posibilidades de repostularse en las próximas elecciones presidenciales.
Cabe recordar que la justicia, el año pasado, ya abrió una investigación penal sobre la incapacidad de los organismos de emergencia para reaccionar ante la catástrofe. En esa oportunidad la fiscal, Solange Huerta, interrogó por ocho horas a Bachelet, determinando que la ex presidenta no sería procesada, ya que había actuado sólo como vocera y habría sido mal asesorada por los organismos técnicos encargados de esa función, como la Onemi y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa).
Por: P.A.D.E.
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Justicia para las victimas del 27F!! … los responsables deben pagar penalmente, acá nadie tiene fuero y menos cuando la negligencia de nuestras autoridades costo la vida de muchos conocidos, amigos y familia.
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