#REGIONAL: Según reveló CIPER, el Gobierno Regional del Maule pagó $9,1 millones a la abogada Angélica Caro por una asesoría sobre no renovación de contratos de funcionarios. Tras su trabajo, exfuncionarios presentaron recursos de protección que deben ser resueltos por la Corte de Apelaciones de Talca, donde se desempeña su cónyuge, el ministro Moisés Muñoz, quien posteriormente se inhabilitó en tres de los casos.
El Gobierno Regional (GORE) del Maule contrató por trato directo a la abogada Angélica Caro Toro para asesorar en la eventual no renovación de contratos de funcionarios. Tras la asesoría, al menos siete trabajadores presentaron recursos de protección que deben ser revisados por la Corte de Apelaciones de Talca, tribunal que integraba su cónyuge, el ministro Moisés Muñoz, quien inicialmente participó en algunas actuaciones y posteriormente se inhabilitó en tres de los casos, según datos revelados por CIPER.
De acuerdo con la investigación publicada por CIPER, la contratación se realizó el 11 de noviembre, cuando el GORE del Maule encargó a Caro una asesoría en materias relacionadas con la no renovación de contratos y renovaciones con disminución de grado de funcionarios. El servicio se adjudicó por trato directo y tuvo un costo total de $9,1 millones brutos, según las órdenes de compra emitidas por el organismo regional.
Tras la asesoría, al menos siete funcionarios a contrata presentaron recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Talca: seis por desvinculación y uno por disminución de grado. Estas acciones judiciales fueron ingresadas entre el 24 de diciembre y el 21 de enero. Uno de los recursos fue declarado inadmisible.
Inicialmente, el ministro Muñoz —quien presidió la Corte de Talca hasta el 2 de marzo— no se abstuvo de intervenir en actuaciones relacionadas con estos procesos. Su participación ocurrió durante el periodo en que la contratación de la abogada estaba catalogada como confidencial por el GORE, lo que mantuvo la información en reserva por 30 días después de finalizado el contrato.
Posteriormente, el 24 de febrero, en tres de los seis recursos admitidos se solicitó la inhabilidad del magistrado debido a su vínculo matrimonial con la abogada que prestó asesoría al organismo recurrido. Dos días después, el ministro se inhabilitó en esas causas bajo la causal de que su cónyuge “prestó asesoría jurídica al recurrido”.
El abogado José Eduardo González, representante de tres exfuncionarios que presentaron recursos, señaló que el magistrado ya había participado en actuaciones relevantes del proceso, como las resoluciones que rechazaron órdenes de no innovar y posteriores reposiciones presentadas por los recurrentes.
La asesoría de Caro fue calificada como confidencial por el GORE debido a la naturaleza del encargo, que consistía en analizar eventuales desvinculaciones de funcionarios. El organismo explicó que la contratación por trato directo se justificó por la experiencia de la abogada en litigación judicial en derecho administrativo y por la “alta probabilidad de judicialización de estas materias”.
La propia abogada indicó a CIPER que su trabajo se limitó a una asesoría externa en sede administrativa y que no tuvo intervención en asuntos jurisdiccionales ni en decisiones judiciales. Asimismo, afirmó que el vínculo matrimonial con el ministro Muñoz no constituye por sí mismo un conflicto de interés.
Los recursos presentados por los exfuncionarios alegan vulneración de derechos y cuestionan las decisiones de no renovación de contratos y disminución de grado. Estas medidas se adoptaron después de que el GORE revisara aumentos de grado otorgados a 119 trabajadores entre 2023 y enero de 2025, los que —según un oficio remitido a la Contraloría— elevaron el gasto en remuneraciones permanentes en más de $200 millones.
Además, el Gobierno Regional informó a la Dirección de Presupuestos que enfrentaba un déficit de $294,6 millones para el pago de sueldos, contexto en el que se evaluaron las decisiones administrativas que posteriormente dieron origen a los recursos judiciales.
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