Previo a la votación, la Corporación desarrolló más de seis horas de análisis del tema, donde expusieron la parte acusadora y la defensa, así como diversas diputadas y diputados, reflejando su posición a favor o en contra del libelo.
Por 69 votos a favor y 78 en contra, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, culminando con esto el proceso.
La votación se realizó luego de una extensiva sesión de más de seis horas. En ella se constató la exposición de la parte acusadora, efectuada por la diputada Francesca Muñoz (SOC). De ahí, le siguió la argumentación de la defensa del ministro, realizada por Francisco Cox. Finalmente, se desarrolló un voto fundamentado, donde plantearon su punto de vista las y los diputados.
Participaron en el debate Diego Schalper (RN), Emilia Schneider (PCS), Francisco Undurraga (Evop), Tomás Hirsch (PAH), Stephan Schubert (IND), Helia Molina (PPD), Henry Leal (UDI), Juan Santana (PS), Sara Concha (SOC), Luis Malla (PL), Karen Medina (PDG), Consuelo Veloso (RD), Gloria Naveillan (IND), Daniela Serrano (PC), Francisco Pulgar (IND), Jorge Guzmán (Evop), Erika Olivera (IND), Guillermo Ramírez (UDI), Christian Matheson (IND) y Eric Aedo (DC).
Los discursos fueron, en general, para apoyar o refutar la acusación desde la perspectiva política de cada uno de los exponentes.
De hecho, la diputada por Maule Sur, Consuelo Veloso, en su intervención indicó: «Yo quiero partir hablando de la persona de Marco Ávila, nacido y criado en la comuna de San Miguel. Un profesor, hijo de otro profesor, un profesor que hoy es ministro y que cumple el sueño de muchos profesores y profesoras, que veían desde su casa como ingenieros -con el respeto que me merezcan- se hacían cargo de tomar decisiones educativas, de un proceso que no entendían. Un profesor, sí lo hacía», manifestó la parlamentaria.
«Y se nota cuando salimos a la calle y la gente lo abraza, y la gente lo quiere, y la gente le dice, que bueno tenerlo ministro. Uno de los primeros ministros profesores y esto se cae cuando la derecha en su homofobia, intenta levantar una acusación constitucional, que no tiene ningún fundamento jurídico», aseguró la parlamentaria por la zona.
Las y los representantes del Frente Amplio, PS, PPD, PL y PC refutaron la forma y el fondo de las imputaciones. Se aseguró que hay una visión sesgada, ideológica y homofóbica. Se recalcó que las jornadas de educación no sexista fueron voluntarias. Asimismo, se indicó que el tema de la Junaeb es un asunto que debe resolver con particulares en tribunales. Además, se criticó que se emprendan acusaciones por actos que no son propios o sobre lo que no tiene jurisdicción el ministro.
Desde RN, la UDI y PREP se emprendieron mensajes destinados a apoyar el libelo. Se refirieron al tema de la Junaeb y calificaron algunos de sus hechos como “vergonzosos”. Acusaron negligencia en el actuar del ministro y aseguraron que no ha sido capaz de vigilar los recursos de los chilenos.
Por otra parte, se afirmó que sí existe una potestad de control de parte del ministro hacia la Junaeb y los SLEP. Igualmente, se remarcó que son los padres los que tienen el derecho de definir qué educación sexual se les da a sus hijos y no el Mineduc.
Desde sectores de centro se emprendieron diversas críticas a la gestión del ministro que, incluso, se le calificó de “pésima”. Pero se reconoció que ello no es causal para una acusación constitucional. De igual modo, se sostuvo que los capítulos no presentan mérito jurídico y omiten información, entre otras falencias. En tal plano, anunciaron su voto en contra.
Defensa de Ávila
El abogado Francisco Cox subrayó que este libelo acusatorio desvirtúa el verdadero sentido de la acusación constitucional. Lo presentado por la diputada, explicó el defensor, es un buen comienzo de fiscalización, de una interpelación, pero no de una acusación.
A su juicio, hay falta de compasión con niños, niñas y adolescentes que pertenecen a grupos que no tienen acogida. Que, por ejemplo, sufren bullyng y discriminación por ser trans, gays o lesbianas.
Asimismo, criticó que se busque cortarle las manos al ministro para que no pueda ejercer su profesión en un establecimiento público.
Remarcó que deben existir fundamentos para sostener la acusación constitucional y no solo una crítica política. Puntualizó que se puede tener una opinión mala o fantástica de un ministro, pero recalcó que eso no es constitutivo de una causal acusatoria.
Detalló que lo que se ha hecho es una crítica a la eficiencia. “No ha hecho nada. ¿En qué clausula legal se ingresa eso?”, cuestionó el abogado.
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