En el Maule la situación del seremi de vivienda, Rodrigo Hernández, que actualmente está suspendido y es objeto de una investigación sumaria por vínculos con Urbanismo Social, fundación en la que trabajó previo a su nombramiento y que recibió recursos vía financiamiento directo desde la seremi en la que él es titular, ha salpicado a otras autoridades, como la Gobernadora Bravo, a quien le atribuyen la exigencia hacia dicha fundación de contratar a un concejal de Curicó, por un proyecto que desde el Gobierno Regional -finalmente- se decidió rescindir.
Este lunes una serie de publicaciones de prensa hablaban de una nueva arista de los nexos de la cuestionada fundación Urbanismo Social con autoridades maulinas, las que aseguraban que el Gobierno Regional (GORE) del Maule, le habría solicitado a la mencionada fundación contratar a tres personas, para el desarrollo un proyecto a cargo de la cuestionada fundación y financiado por el GORE. Entre las personas que se pedía contratar estaría Javier Ahumada, concejal DC por la comuna de Curicó, correligionario de la gobernadora Cristina Bravo (también DC), la que -sin embargo- salió al paso de esas acusaciones en un medio regional.
Los orígenes de esta situación tendrían que ver con la transferencia directa de fondos desde el Gobierno Regional, que habría entregado 264 millones 950 mil pesos a Urbanismo Social para el programa «Juntos y Juntas nos sentimos más seguros», sin embargo desde el GORE, señalan que el proyecto no se ha ejecutado y producto de la emergencia climática y el cambio de prioridades se decidió rescindir de él.
Por su parte, el medio del periodista Cristián Bofill, Ex-ante, publicó una carta enviada por Pilar Goycoolea, fundadora y presidenta del directorio de la fundación, donde se le comunicaba a la Gobernadora Bravo que sólo acogerían a dos de los nombres propuestos por la Gobernación Regional, dejando fuera -precisamente- al concejal.
“Valoramos la voluntad de ambas partes de resolver este aspecto de manera conjunta y colaborativa. Por eso es que respecto de las candidaturas presentadas para cargos debemos plantear nuestra imposibilidad de contratar a Javier Ahumada, actual concejal de la comuna de Curicó”, señala la misiva fechada el 30 de mayo pasado.
Desde la fundación basaban la decisión en una incompatibilidad para ser parte del proyecto, debido a su función pública de representación popular «dada la naturaleza del programa que implica gestionar procesos de participación ciudadana e involucramiento con las comunidades», indicaban, a la vez que se le comunicaba que «en los casos de Aily Soto Salinas y Rodrigo Véliz Alvarado, creemos que cumplen con el perfil requerido para el cargo de jefa de proyecto y coordinador de proyecto respectivamente».
Descargos
El martes, en una entrevista otorgada al medio Diario Talca, la gobernadora Cristina Bravo, salió al paso de las acusaciones señalando que «a nadie se le obliga a contratar a nadie. Todas las entidades, fundaciones y corporaciones, tienen perfiles definidos y tienen claro cuando se puede o no contratar a una persona», indicó la autoridad regional.
Bravo, manifestó que «en dicho programa de la Fundación Urbanismo Social se sometieron a entrevista distintas personas, dentro de las cuales, calificaron algunas y otras no. Y no solo fueron entrevistas, según entiendo, sino también pruebas escritas. De las tres personas que se presentaron al proceso de selección, las pruebas se las aplicaron en Urbanismo Social y ellos elaboraron los resultados», dijo la autoridad regional.
Y sobre las acusaciones que la señalan como quien exigió la contratación del concejal Ahumada, aseguró tajante que «no existe ningún documento donde yo haya obligado a contratar a nadie. No existe. Yo no conozco a nadie de la Fundación Urbanismo Social. Me entrevisté una vez por lobby con dos personas, pero ninguna es Pilar Goycoolea. Fue el 5 de septiembre de 2022 por lobby con Cristóbal Soto, que era el coordinador regional, y con Gustavo Bizantini, director urbano», aseguró.
Y aunque dijo conocer a Pilar Goycoolea, aseguró que jamás tuvo comunicación o reunión con ella. «Yo nunca le pedí nada», aseguró.
Bravo, dijo estar molesta «por lo que está ocurriendo en el Ministerio de Vivienda y por la situación personal y profesional del Seremi de Vivienda del Maule con esta fundación, ahora vinculen a esta fundación con el Gobierno Regional del Maule. No tiene nada que ver. Hay muchas fundaciones que piden entrevistas por lobby y lo atendemos yo u otros directivos del Gobierno Regional para presentar iniciativas», dijo.
La gobernadora del Maule, además, indicó que «distintas fundaciones nos presentan programas con objetivos definidos para abocar problemáticas regionales. Y las fundaciones tienen un procedimiento más abreviado que el mundo académico. Y como necesitamos resolver temas de la ciudadanía en forma inmediata, optamos por fundaciones».
La máxima autoridad regional, también lamentó «que se aproveche esta coyuntura que le pasó al Minvu y que se asocie a una fundación con el Gobierno Regional, pero aquí todo lo que se aprueba va a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda o a la Contraloría Regional, dependiendo del monto. Siempre estamos disponibles a dar cuenta de los recursos públicos, pero que se vaya a asociar un tema político a esto de la fundación es mentira», aseguró.
Cabe mencionar que el programa “Juntos y juntas nos sentimos más seguros y seguras”, finalmente no se llevará a cabo, debido a que la emergencia climática cambió las prioridades de la Gobernación Regional, razón por la que se decidió no perseverar en la ejecución del programa, dejando sin efecto cualquier acción del mismo, lo que ya se habría comunicado a Urbanismo Social. Además, según lo comunicado a Ex-ante, son tajantes en señalar que el programa aun no se comenzaba a ejecutar.
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