Los funcionarios piden que el Estado se haga cargo de la crisis que afecta a la institución, mejoras en las condiciones de trabajo y cambios en la carrera funcionaria.
Este lunes los funcionarios de Cauquenes y Chanco se sumaron a la movilización que la asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes llevan a cabo desde el jueves de la semana pasada, sumándose -así- a la movilización que en la Región del Maule también afecta a los penales de Curicó, Molina, Talca y Linares, y que a nivel nacional llevan a cabo en Valparaíso 505 funcionarios del complejo penitenciario, otros 400 funcionarios en Antofagasta, a los que se suman los gendarmes de Concepción.
De esta manera hasta este miércoles eran 22 las unidades de Gendarmería a nivel nacional sumadas al paro, con 19 funcionarios que llevaban a cabo una huelga de hambre, que en horas del miércoles decidieron deponer, -eso sí- sin detener la movilización, pese al anuncio de endurecimiento de sanciones por parte del alto mando de Gendarmería.
Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile (ANSOG), puntualizó que es necesario que el Estado se haga responsable por la crisis que afecta a la institución, señalando. “Creemos que el gobierno y el Estado en su conjunto tienen que asumir que en Gendarmería hay una crisis que se está arrastrando hace años que no solo afecta a los funcionarios sino también a la población penal».
Para el dirigente, este problema se traduce -también- en «lograr efectivamente niveles de reinserción para las personas que están privadas de libertad”.
González -además- denunció que hay amenazas de sumarios y sustitución a funcionarios desde las autoridades, lo que no ayuda a solucionar la situación. “De parte de la autoridad solo hay amenazas y eso no contribuye a decantar la situación y con ello llegar a un entendimiento”, detalló.
Ayer se conoció que el director de Gendarmería, Tulio Arce, haciendo uso de sus facultades, removió de sus cargos al coronel y jefe operativo Freddy Larenas, y el viernes anterior al subdirector de administración y finanzas Jorge Ortíz, producto del convulsionado escenario interno.
Entre las demandas de los funcionarios se encuentra un proyecto de ley que aborde la crisis en la carrera funcionaria, además de apoyo a la institución en temas relacionados con Contraloría y derecho a movilización con trato digno.
Desde la ANSONG se recalcó -además- que este paro no afectará las visitas a los reos ni su bienestar al interior de las cárceles, lo que sí, en la mayoría de los penales movilizados no se permite la salida ni el ingreso de imputados y condenados, ni su traslado a tribunales.
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