El Oscuro negocio de iluminación LED de LG que involucra al municipio de Cauquenes

El municipio dirigido por el alcalde Juan Carlos Muñoz, sería uno de los seis involucrados en los cuestionados negocios de la multinacional LG para cambiar el alumbrado público de estas comunas y que según una investigación periodística habría involucrado el pago de unos $1.200 millones a asesores externos y funcionarios municipales de las ciudades involucradas para ganar la licitación.

En un reportaje publicado el martes 11 de Agosto por el Centro de Investigación Periodística, CIPER Chile, se develó el paradójicamente oscuro negocio de LG Electronics, Inc. Chile, para iluminar con tecnología LED las vías públicas de seis comunas del país. Contratos adjudicados que le reportarán 11.562 millones de pesos.

De esta manera, LG cerraba el 5 de marzo de 2014 un exitoso periodo de negociaciones. La compañía de capitales coreanos venía presentando ofertas, desde hace un año, en millonarias licitaciones para renovar con tecnología LED el alumbrado público de distintas comunas del país. Primero fue Ercilla, a comienzos de 2013. Luego Chillán Viejo, Huara, Cauquenes, Puchuncaví y, al final, el contrato más grande, el que firmó con la Municipalidad de Renca por $4.885 millones.

Archivo: Alcalde Muñoz junto a Gunhwan Son de LG Chile, y el encargado de proyectos, José Miguel Lira.

El reportaje de CIPER señala que «la denuncia que originó la investigación a cargo del fiscal José Morales fue presentada por la misma empresa que se adjudicó los contratos». Según la publicación electrónica «todo partió en febrero de 2015, cuando LG demandó por fraude a quien fuera su representante legal durante los últimos diez años, el abogado José Miguel Lira López. Él tenía poder casi absoluto en la empresa y la confianza total de los controladores: firmaba los documentos, revisaba los procesos y estaba a cargo de todos los proyectos en Chile».

Un funcionario de la compañía definió a José Miguel Lira de la siguiente manera: “Lira no era la mano derecha de los coreanos en el país; era su única mano”.

El abogado, ahora es investigado por falsificación y uso malicioso de documentos privados e inculpado de haber defraudado a LG por más de $2.200 millones a través de operaciones ilegales de factoring y créditos falsos. Además -indica CIPER- es sindicado como uno de los «principales responsables de un modelo que involucró a intermediarios externos y funcionarios municipales para garantizar a LG la adjudicación de los contratos millonarios».

Chillán y Renca los contratos más dudosos

CIPER siguió las pistas de las licitaciones que ganó LG y detectó vínculos que revelan anomalías. Los antecedentes revisados incluyen correos anónimos que denuncian el supuesto pago de coimas en Chillán Viejo, avalado por un informe de la Contraloría que detectó el sobrepago de unos $74,5 millones en ese municipio y la sentencia del Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP) que declaró ilegal la adjudicación del contrato en Renca.

Según la investigación periodística detrás de cada una de las licitaciones hay personas y sociedades que actúan como satélites en las relaciones entre LG y los municipios. Algunos aparecen identificados en documentos oficiales como “consultores independientes”; otros ni siquiera aparecen en los registros.

Un ejecutivo de LG -contactado por CIPER- que pidió reserva de su identidad, confirmó que son los mismos nombres que figuran en al menos siete contratos que aparecieron durante la investigación interna de la empresa. Son los asesores externos que LG contrató para operar en los distintos concursos públicos, realizando estudios técnicos, levantando información en terreno, diseñando la estrategia de postulación y, en algunos casos, allanando el camino para obtener las licitaciones sin contrapesos.

Así mismo, la publicación sostiene que más de $1.200 millones habría pagado LG por esos servicios, pero las auditorías internas no han podido acreditar de manera fehaciente que los trabajos hayan sido efectivamente realizados y menos el destino final de ese dinero.

La licitación de Renca es la más reveladora. No sólo por la enorme cantidad de dinero involucrada, que asciende a $4.885 millones, sino porque se investiga el rol que le cabría a funcionarios municipales en la adjudicación y porque uno de los asesores que LG contrató tiene antecedentes penales por soborno en otro municipio.

CIPER solicitó una respuesta oficial a LG sobre esos vínculos y las demás revelaciones consignadas en el reportaje, pero los representantes de la compañía declinaron emitir comentarios. Señalaron que entregarían todos los antecedentes al Ministerio Público debido a la investigación judicial en curso por fraude contra Lira, quien fue formalizado este jueves 13 de agosto.

El puente entre las licitaciones y la acusación por fraude contra el abogado quedó establecido con el primero de esa serie de contratos, el que se firmó en octubre de 2012, cuando en Chillán Viejo (Región del Bío Bío), ya se buscaba reemplazar el alumbrado público con luces LED. La empresa que contrató LG para operar en ese proceso fue Techno Innova, que es la misma sociedad que Lira utilizó para defraudar a la compañía.

Huara, Ercilla, Cauquenes y Puchuncaví los otros municipios involucrados

Después de Chillán Viejo, vino la licitación en Huara, en la Región de Tarapacá. Rodrigo Cisternas reconoció que llegó ahí tal como lo hizo en Ercilla: como consultor independiente ofreciendo un proyecto de luces LED. Tiempo después, ya había licitación. En mayo de 2013 la comisión evaluadora desechó la propuesta de EPCOM Chile –que era un 46% más barata– y recomendó la adjudicación a LG, cuya oferta fue de casi $720 millones. Todos los concejales votaron a favor. La empresa de Cisternas nuevamente había sido contratada por LG, ahora no sólo para la asesoría técnica, sino también como subcontratista a cargo de la instalación de las luces.

Cisternas aseguró a CIPER que nunca intermedió a favor de LG con los municipios una vez abiertas las licitaciones y que tiene respaldo de todos los trabajos que realizó en Ercilla, en Huara y en la licitación que le siguió y que corresponde a Cauquenes.

Alcalde de Cauquenes reunido con equipo LG para firma de  convenio.

La firma del contrato entre LG con la Municipalidad de Cauquenes incluso salió en múltiples medios de prensa. En el artículo que en julio de 2013 publicó El Mostrador, dice: “Hasta el despacho del alcalde, Juan Carlos Muñoz, llegó el representante de LG en Chile, Gunhwan Son, el encargado de proyectos de la empresa coreana, José Miguel Lira, la técnico encargada del proyecto en Cauquenes, Carolina Inostroza, y el director de Aire Acondicionado y Energía de LG, Roldan Díaz”. La licitación se había adjudicado casi 20 días antes a LG, que corrió sin competencia. El contrato cerró en $2.491 millones y se firmó el día 10 de ese mismo mes.

Posteriormente, a fines de 2013, vino Puchuncaví, donde la propuesta de LG también obtuvo puntaje máximo. El contrato se sometió a votación en el concejo: no hubo acuerdo y la adjudicación se rechazó en dos oportunidades. El concejal Marcelo Vegas lo rechazó por los atrasos e incumplimientos que la empresa enfrentaba en Peumo. Guillermo Herrera votó en contra por no tener claros los beneficios de la tecnología LED y porque comprometería a las autoridades del siguiente período por ser un convenio por 10 años. Y Ramón Barría se opuso por considerar que la tecnología LED podría tener efectos negativos sobre la salud.

El abogado en el ojo del huracán

Foto de Archivo: Alcalde Muñoz junto a José Miguel Lira, investigado por falsificación y uso malicioso de documentos.

El poder casi absoluto que José Miguel Lira tenía en LG era también su secreto. Porque a mediados de 2012, tras siete años en el cargo, le fueron revocados sus poderes de representación ante bancos y entidades financieras y sus facultades para suscribir contratos a nombre de la empresa. Pero eso nunca se hizo efectivo. Los directivos le encargaron inscribir las escrituras que limitaban sus propias atribuciones. Lira nunca lo hizo y, según relató a CIPER un empleado de la multinacional, al parecer nadie lo supo. Hasta que ya fue tarde.

Unos llamados a fines de diciembre de 2014 encendieron las alarmas. Dos empresas de factoring estaban cobrando a LG cuatro facturas de Techno Innova (empresa “asesora” contratada por Lira) por casi $245 millones. No había registro de esas facturas en la contabilidad de la empresa ni tampoco de los supuestos servicios solicitados. La investigación interna revelaría después que Lira era el único que estaba al tanto de su existencia y de la ruta que esas facturas seguirían: serían factorizadas, es decir, pagadas por las dos empresas de factoring a Techno Innova. Pero la deuda finalmente la debía pagar LG.

José Miguel Lira fue despedido el 30 de diciembre de 2014 y en febrero pasado LG presentó una querella en su contra. Poco después, una firma financiera se contactó con LG para cobrar créditos por más de $1.600 millones que Lira habría obtenido a nombre de la compañía. De ellos tampoco había registros. En otra operación similar con la misma financiera, Techno Innova obtuvo un préstamo por otros $367 millones. Lira puso su firma en esa transacción para convertir a LG en el aval de esa deuda.

Desde 2011 que el control de Techno Innova está en manos de Ulises Águila Barra y su esposa Lorena Letelier Cid. A inicios de 2013 se sumaron dos nuevos socios: el coreano San Ouk Ji y Gonzalo Farías Cabezas. Este último tiene un vínculo comercial directo con José Miguel Lira: a fines de 2013, Lira y Farías crearon la Comercializadora y Exportadora Isidora Metals (ver estatutos). Farías se retiró de Techno Innova un año después, el 5 de diciembre de 2014, el mismo día que la empresa emitió a LG las facturas que fueron factorizadas y luego aprobadas por Lira.

Consultado por CIPER, el representante legal de Techno Innova, Ulises Águila, no quiso referirse a esas operaciones, debido a que son objeto de una investigación judicial.