Investigación de la PDI sobre caso Tsunami suma más de 10.000 fojas

Diez mil páginas tiene el informe pericial que elaboró la PDI por las 156 muertes registradas en el tsunami del 27 de febrero de 2010, tragedia que investiga la fiscal Solange Huerta. Después de recibir este megaperitaje, en los próximos días, la prosecutora comunicará oficialmente quiénes serán formalizados por las graves omisiones cometidas en la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa).



La acusación de la fiscal, quien inició la investigación el 16 de marzo del 2010, se conocerá antes del próximo 27 de febrero, segundo aniversario del cataclismo. Aunque no ha adelantado las identidades concretas, sí se saben los cargos técnicos involucrados al momento de los hechos: la directora de la Onemi, el director del Shoa, el jefe de turno del Shoa, el director del Centro de Alerta Temprana (CAT), el jefe de turno del CAT y un telefonista del Shoa.


El peritaje de la PDI contiene la identificación de las víctimas, los peritajes de ADN, el lugar donde se encontraban al ocurrir el tsunami, el sector en que aparecieron los cuerpos, los correspondientes mapas, fotografías, las declaraciones de testigos, los interrogatorios a los técnicos de la Onemi y del Shoa y las conclusiones a las que llegó el equipo de peritos.


El documento de la PDI se sumará a las aproximadamente 22.000 hojas que ya acumula la investigación desarrollada por la fiscal, fojas contenidas en 55 carpetas con 400 páginas cada una como promedio. A esto tiene que agregarse el informe que está finalizando el geofísico Marcelo Lagos. Sin embargo, este último peritaje no es necesario para que la prosecutora proceda con las formalizaciones. Le basta con el informe de la PDI.

718 kilómetros

Este extenso informe se entiende por el formidable sitio del suceso que debieron cubrir los expertos de la Brigada de Homicidios de la PDI: 718 kilómetros de litoral, sin contar el archipiélago de Juan Fernánde Esta enorme franja de costa, que abarcó las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule y Biobío, fue devastada en diversas sucesiones de olas que alcanzaron, en algunos puntos, hasta los 30 metros de altura. Además de las 156 personas fallecidas, otras 25 están desaparecidas.

Pelluhue azotado por tsunami en febrero de 2010.

El equipo de fiscales encabezados por Solange Huerta y los peritos de la BH dirigidos por el jefe nacional Homicidios de la PDI, Luis Sandoval, realizaron diligencias en Santiago, Valparaíso, San Antonio, Llolleo, Pichilemu, Constitución, Dichato, Pelluhue, Talcahuano, Cañete, Llico, Lebu, Isla Mocha, Caleta Tumbes e intermedias, además de Juan Fernández, Isla de Pascua y Hawaii, donde funciona el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), que dio la primera alerta de maremoto.


A esto tienen que sumarse las 60 querellas presentadas por los familiares de las víctimas y que cuentan, algunos de ellos, con abogados tan connotados como Alfredo Morgado, Raúl Meza y Luis Hermosilla. Los querellantes se reunieron el martes pasado con la fiscal Huerta, para informarse de los avances de la investigación. La fiscal les reiteró que formalizará por cuasidelito de homicidio, lo que no satisfizo al abogado Meza.

¿Relator?

En la reunión con los abogados, la fiscal Huerta dijo que el informe de la PDI lo recibirá dentro de las dos primeras semanas de febrero. En la BH confirmaron que están finiquitando los últimos detalles, principalmente con aspectos relacionados a la redacción de esas 10.000 páginas. Después de recibir el documento, la fiscal tiene que leerlo y, junto con preparar las formalizaciones, entregar copias a los querellantes.


Los intervinientes se preguntan si en la audiencia de formalización se va a leer el total de estas 10.000 páginas del informe de la PDI, cuando la fiscal Solange Huerta pida medidas cautelares para los imputados, sobre todo si solicita prisiones preventivas. La fiscal puede entregar un resumen, pero las defensas, para poder rebatir, están en su derecho de solicitar los detalles de los hechos por los cuales se acusa a los imputados.

Meza solicitará la incompetencia

Y para complicar aún más las cosas, el abogado Raúl Meza, quien representa a las familias de las víctimas de Constitución, anunció que en la misma audiencia de formalización solicitará la incompetencia de la justicia ordinaria, por lo menos en lo que respecta al personal de la Armada, esto es, del Shoa. En su opinión, el enfoque de la fiscal Huerta –cuasidelito de homicidio con resultado múltiple- implica que nadie irá a la cárcel.
Tras la reunión con la fiscal Huerta, Meza explicó que la pena máxima para el cuasidelito de homicidio es de 3 años y 1 día de cárcel. Si los condenados tienen irreprochable conducta anterior, eso implica que pueden cumplir en libertad. Sin embargo, añadió, el abogado Meza, la justicia naval puede condenar a los efectivos de la Armada a 5 años y 1 día de pena efectiva por incumplimiento de deberes militares.