“El gobierno no puede lavarse las manos en la crisis de la educación”

Parlamentaria se comprometió con las demandas de los estudiantes e insistió en que el modelo educativo chileno cumplió su vida útil y que es necesario reemplazarlo por uno que garantice calidad y equidad. “Para concretar grandes cambios tenemos que hacer una reforma tributaria, que ayude a distribuir los ingresos en forma equitativa, porque es un imperativo país terminar con la desigualdad en la educación”, aseguró.

Su respaldo total a las demandas ciudadanas en materia de educación planteó la Senadora del Partido Demócrata Cristiano (PDC) por el Maule Sur, Ximena Rincón, quien rubricó su firma en la carta de respaldo a las peticiones de los estudiantes y emplazó al Gobierno a no lavarse las manos a costa del Congreso Nacional.

“Existe una crítica de lo que hemos construido en los últimos 40 años. Por eso cuando escucho a la vocera de Gobierno, no puedo dejar de impresionarme. No sé si es por su edad o por su falta de lectura de la historia, pero lo claro es que no es capaz de darse cuenta que en los 80 se tomaron decisiones trascendentes que marcaron el destino del país y una de esas decisiones tienen que ver con la educación y la municipalización”, añadió.

Además, aclaró que “el Gobierno no puede lavarse las manos y no puede pescar este problema, que no es capaz de resolver, y trasladarlo al Congreso… porque aquí la iniciativa la tiene el Presidente de la República”.
“Como jefa de bancada de los senadores DC me comprometo a hacer todo lo que esté en mis manos para que de verdad hagamos una transformación en materia de educación y para eso necesitamos una reforma tributaria muy profunda”, afirmó la parlamentaria.

Asimismo, Rincón agregó que lo que debe haber es un llamado “a todos los sectores, a los que estuvieron en el gobierno en la época militar, a los que estuvieron en el gobierno en la época de la Concertación, y los que han vuelto al gobierno hoy día, a que hagamos un compromiso ante la ciudadanía para cambiar este sistema… no para un cambio cosmético”.

“Voté en contra de la gran reforma educacional del año pasado del ministro Lavín y del Presidente Piñera, porque dije que había un problema de equidad, porque dije que no nos estábamos haciendo cargo del problema de fondo… y la historia nos dio la razón”, sostuvo la legisladora.

Vida útil

“Este no es un problema de Gobierno o Concertación, sino que algo mucho más profundo. El sistema que durante décadas se utilizó para educar a nuestros niños y jóvenes, ya no resuelve las necesidades del país y seguir administrándolo es agregar leña a la hoguera. Este sistema no da para más, por eso estamos todos choreados. No lo entendieron nuestros Gobiernos y este, al parecer, tampoco, porque insiste en mantener un modelo que tocó fondo, por eso más que buscar soluciones de parche, hay que crear sistema que asegure calidad, sin que ello signifique la ruina económica para miles de familias”, sostuvo la parlamentaria, quien recalcó que la reforma impulsada por el Gobierno el año pasado, y que rechazó junto a otros tres senadores, no fue capaz de terminar con el descontento social hacia la educación.

Agregó que es necesario definir un nuevo modelo y su financiamiento, área que a su juicio es un talón de Aquiles del actual sistema. Al respecto, recordó que el gasto público en educación en Chile es de un 3,7 por ciento, uno de los más bajos de la OCDE y lejos de Portugal, país que el propio Presidente puso como parámetro a alcanzar en el último mensaje presidencial.

“Llegar a esos niveles no es gratis y para ello se requiere aumenta el PIB de Educación hasta por lo menos un 5,1 %, que es lo que gasta Portugal para destinar anualmente cinco mil dólares por estudiante básico y seis mil 800, por secundario, cifras que no resisten comparación con lo que ocurre en nuestro país donde la inversión por alumno es de dos mil 200 dólares. Con este nivel de gasto es imposible pensar en resultados”, aseguró la legisladora.

Añadió que una segunda tarea tiene que ver con transformar la educación en un derecho que debe garantizar el Estado y no las familias, porque en las actuales condiciones el país no podrá superar su principal enemigo en el siglo XXI, que es la desigualdad.