“Los cursos se iniciarán en las próximas semanas y beneficiarán en el Maule a 300 personas. Serán cursos de una duración promedio de 120 horas, en un período que transitará entre uno y tres meses. Adicionalmente se entregará, en la mayoría de los casos, un subsidio de herramientas para el desempeño del oficio por un monto de $ 100.000, además de subsidios de locomoción por $2.000 diarios”, señaló la ministra del Trabajo y Previsión Social, Camila Merino.
Es por esto que al menos el 50% de los recursos destinados a capacitación por alumno deberán ser traspasados en útiles y herramientas a los beneficiarios para la implementación de mejoramientos en sus viviendas, a modo de ejercicios prácticos de sus aprendizajes.
Cada curso tendrá 25 alumnos (hombres y mujeres), y contará con la permanente asistencia técnica de al menos un profesional o técnico de la construcción, para otorgar tutoría permanente y pertinente en la aplicación de los ejercicios prácticos.
Respecto a los montos, la ministra Merino explicó que cada curso para 25 personas tendría un valor de $10.500.000, de los cuales el 62% ($6.500.000) tendrían como destino el traspaso de bienes y materiales a los alumnos, mientras que el 38% restante sería invertida en profesores, asistencia técnica y costos de administración ($4.000.000).
Adicionalmente se espera la construcción de al menos un equipamiento de uso público en el asentamiento que permita un aprendizaje colectivo, como por ejemplo, baños comunes, salas de reuniones, o salas infantiles.
Otro de los objetivos de estos cursos será la “inserción laboral” apuntó la ministra de Estado. “Al finalizar el programa de capacitación se establecerán coordinaciones con sistemas de intermediación laboral para facilitar la inserción laboral de los beneficiarios, analizando perfiles de egreso e identificando opciones de inserción laboral”, explicó Merino.
La titular del Trabajo recordó que paralelamente, mediante un Convenio con el Ejército de Chile, se ha gestionado un Plan de Capacitación en Oficios vinculados a construcción dirigido a 9.000 conscriptos a lo largo del país, que junto con mejorar su empleabilidad, los dejó habilitados para apoyar las labores de reconstrucción en las zonas afectadas por la catástrofe del 27 de Febrero.

