Por cerca de dos horas se prolongó la reunión realizada en dependencias de la Fiscalía Regional del Maule y donde participaron empresas eléctricas que operan en la región además de las jefaturas de Carabineros y la PDI.
El objetivo de este encuentro fue coordinar las acciones a seguir en torno a este delito que, aunque ha bajado su ocurrencia en las comunas maulinas al compararlo con años anteriores, existe la posibilidad de que algunas bandas organizadas, principalmente de la sexta región, lleguen al Maule.
El Fiscal Regional Juan Pablo Kinast hace ya algunos años designó a un ex fiscal y actual asesor, el abogado Carlos Olivos, para que se dedique al análisis y coordinación de las acciones a seguir en torno a este ilícito cuya ocurrencia afecta principalmente a la comunidad al suspenderse el suministro eléctrico.
“Se trata de una mesa de trabajo multidisciplinaria de coordinación y la idea es reunirse periódicamente para coordinar diferentes acciones, tanto de investigación como preventiva de este delito. Para la Fiscalía es una preocupación constante por los efectos perniciosos que este delito produce, afectando a personas común y corriente”, señaló el vocero de la Fiscalía Maulina abogado Roberto Navarro.
El hurto de cables está tipificado como con una pena de simple delito, pero el legislador ha previsto el caso que a propósito de este ilícito se produzca la interrupción del servicio público ya que ello no sólo afecta a la empresa generadora sino que también a toda la comunidad.
De esta forma las penas pueden llegar a ser de presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, 541 días a 5 años. Y si existe interrupción del servicio, aumenta de 3 años y 1 día a 5 años.
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