La Fiscalía cerró investigación por el bullado caso de sustitución de un niño por otro, más conocido como “Guaguas Cambiadas”, registrado en septiembre de 2005 en el Hospital Regional de Talca, tras lo cual presentó acusación ante el Juzgado de Garantía de Talca, en contra de cuatro funcionarios del recinto de salud por su participación en los hechos.
De acuerdo a la investigación realizada por la Fiscal especializada en delitos violentos, Paula Rojas, en horas de la madrugada del 14 de septiembre de 2005 dos madres dieron a luz en el Hospital de Talca a dos bebés de sexo masculino con 55 minutos de diferencia. Las guaguas fueron identificadas por medio de brazaletes con indicación en cada caso de la madre, peso y talla de cada recién nacido, elaborados por el Matrón Guillermo Aguilar e instalados por la paramédico Ana Méndez.
Momentos más tarde una de las madres se percató que la guagua que le llevó esta imputada para amamantamiento no correspondía a su hijo. Dicha imputada entonces habría procedido a retirarle a la criatura el brazalete de identificación y cambiarlo por uno nuevo confeccionado por ella misma, realizando el mismo procedimiento con otro recién nacido, produciéndose de esta forma la sustitución de personas.
Diez meses después de este hecho, fue constatado fehacientemente el cambio de guaguas con un examen de ADN, cuando ambos menores habían sido incorporados a un estado civil que no les correspondía.Las pesquisas de la Fiscalía apuntan a que el matrón Guillermo Aguilar habría conocido y ocultado el hecho.
En tanto el imputado doctor Juan Enrique Leiva y la matrona Patricia Quiñónez tomaron conocimiento del reclamo de la madre que se percató del cambio de guaguas, no obstante no habrían iniciado investigación haciendo que la sustitución se prolongara en el tiempo. Asimismo, le habrían informado a dicha progenitora que debían realizarse un examen de sangre como método de acreditación de paternidad y maternidad, ya que era necesario esperar que el bebé estuviera más grande para un examen de ADN, lo cual habría requerido orden judicial, sumado a que el Hospital carecía de los medios para ordenarlo.
Posteriormente, ambos imputados habrían escrito de puño y letra en la ficha clínica, con anotaciones de un examen que hasta el momento no se había realizado.
“La Fiscalía está solicitando por el delito de sustitución de un niño por otro la pena de 541 días para la persona acusada como autora y la pena de 30 días de prisión para los que, a juicio de la Fiscalía, participaron como encubridores. En ambos casos esta pena lleva consigo como accesoria la suspensión de cargo u oficio público por el tiempo de la condena. Adicionalmente, por el delito de falsificación de instrumento público, la Fiscalía solicitó la imposición de pena de tres años y un día prisión, de privación de libertad y esta pena lleva consigo la inhabilitación absoluta para desarrollar cargos u oficio público durante el tiempo de la condena”, explicó el abogado y vocero de la Fiscalía, Roberto Navarro.
El profesional agregó que la acusación “significa que la Fiscalía ha deducido la acción penal, es decir, que ha concluido la investigación y que tiene antecedentes suficientes para acusar a una persona y que esta causa, está lista para juicio oral”.
La acusación presentada por la Fiscalía precisa los testigos, peritos, documentos y pruebas que se recopilaron durante la investigación.
Por: Marcela Barros M.
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